La Anses aprobó el trámite que inició en diciembre pasado el expresidente Alberto Fernández para percibir su asignación vitalicia de expresidente, también llamada jubilación de privilegio, según confirmaron fuentes del Gobierno.
El trámite de los haberes que cobrará Fernández fue aprobado en tan solo dos meses y el valor neto que recibiría ronda los 7 millones de pesos.
Además, Fernández cobrará de manera retroactiva los haberes jubilatorios de enero y febrero.
La Anses está a cargo del abogado Mariano de los Heros luego de la salida de Osvaldo Giordano.
Con la última actualización las jubilaciones mínimas quedaron en $171.217, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirán en abril, mientras que el haber bruto máximo, pasó de $904.690 a $1.152.122.
Alberto Fernández percibirá un neto equivalente al monto de unos 40 haberes mínimos.
La ley establece que el monto a percibir por los expresidentes equivaldrá a la remuneración de los jueces y las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que a los vicepresidentes les corresponderá el 75% de dichos montos. Para la actualización de los montos se siguen las pautas de lo que ocurre con los ingresos de jueces supremos.
Por sus dos jubilaciones de privilegio, Cristina Kirchner percibió en febrero, en mano, $9,5 millones del Estado.
La diputada nacional Graciela Ocaña impugnó el trámite antes de que fuera aprobado y reunió firmas para que la petición de Fernández fuese rechazada.
Según la plataforma change.org reunió 58.000 adhesiones.
Uno de los argumentos que planteaba Ocaña era el hecho de que Fernández residiera de hecho en el exterior, mientras que uno de los requisitos de la Ley 24.018, que instrumenta las asignaciones mensuales vitalicias para presidentes, establece que los beneficiarios de ese régimen deben estar domiciliados en el país.
Este martes, Ocaña cuestionó a De los Heros y a Javier Milei en la red X por haber concedido a Fernández su jubilación de privilegio.
Poco tiempo después de dejar la presidencia Fernández viajó a Madrid con Fabiola Yañez y el hijo de ambos. Visitó Buenos Aires semanas atrás y, con una clara pérdida de apoyo político, pidió licencia de su cargo como presidente del Partido Justicialista (PJ) Nacional.
A ese panorama se le sumó el estallido del escándalo de los seguros. por el cual ya enfrenta problemas judiciales.
Quedó imputado durante el mes de febrero en la causa que investiga la trama de contrataciones millonarias de contratos de seguros por parte de distintas empresas y dependencias del Estado durante su gobierno.
También están imputados su amigo y broker de seguros Héctor Martínez Sosa y Alberto Pagliano, expresidente de Nación Seguros.
La Anses, por ejemplo, llegó a pagar 1700 millones de pesos mensuales en concepto de la póliza que contrató para asegurar los créditos a los jubilados, según denunció su extitular Giordano.
Las jubilaciones de privilegio
Las asignaciones vitalicias otorgadas por el régimen de la ley 24.018 correspondientes a expresidentes y exvicepresidentes y herederos. Se
gún una nota publicada el mes pasado , a Mauricio Macri, que ejerció la presidencia entre diciembre de 2015 y ese mes de 2019 se le liquidó este mes una asignación de un importe neto de $4.958.645,09, mientras que la cifra antes de descuentos es de $6.973.574,76.
Para quien fue su vicepresidenta, Gabriela Michetti, el ingreso en bruto es de $5.065.859,20 y, el monto en mano, de $3.889.383,02.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei dijo que, como parte de un paquete de leyes “anti casta”, iba a promover la eliminación de las jubilaciones de privilegio, un punto que estaba incluido en la ley ómnibus.
Si bien la reforma previsional integral es uno de los puntos a discutir en la convocatoria del 25 de mayo, y al introducir esa discusión se habla de darle sustentabilidad al sistema y respetar a quienes aportaron al sistema previsional, no prosperaron, por ahora, las conversaciones en torno a la eliminación de las jubilaciones de privilegio, un tema que no parece reunir los avales de los distintos sectores políticos.
De aprobarse, eventualmente, un proyecto que las elimine, no tendría efectos retroactivos.