Las universidades nacionales de todo el país están haciendo malabares para sobrevivir con el mismo presupuesto que en 2023, pero con un 287% de inflación en el medio. En las últimas semanas empezaron a implementar distintas medidas para enfrentar el ajuste del gobierno nacional, que van desde la disminución de horas de clase y la suspensión de becas para materiales a recortes en limpieza y seguridad.
La situación es tan grave, que recientemente autoridades de la UBA han contado que está funcionando “con un plan de emergencia a costa de créditos, comprometiendo pagos a futuro”. Sin embargo, en la UNLaR, hay muchos dirigentes importantes que han guardado silencio sobre el tema, probablemente por especulación política de cara a las elecciones universitarias.
El caso más significativo es el de Marita Corzo. La vicerrectora no dedicó un sólo posteo en X desde la asunción del presidente Javier Milei para criticar la política educativa del gobierno nacional, a pesar de que es congresal del PJ nacional.
En cambio, dedica buena parte de su tiempo a las múltiples denuncias judiciales que realizó en los últimos tiempos. Mientras muchos se preguntan de dónde salió el dinero para costear tantos abogados, Marita Corzo presentó dos denuncias por usurpación de cargo contra su reemplazante en Osunlar y la sucesora, otra por hostigamiento, y denunció por violencia de género a un sumariante y por violencia doméstica a otras tres personas de la obra social, con las que no convive, pero a las que sí les generó problemas en sus hogares, según las fuentes consultadas. También, de acuerdo a la denuncia presentada en su momento, había sido asesorada por el estudio de la familia del juez Daniel Barría.
De una de esas denuncias surgió el allanamiento que la policía provincial realizó en la sede de Osunlar, un operativo ordenado por el propio juez Barría, que violó abiertamente la Constitución Nacional y la autonomía universitaria, pero que mereció el silencio de un sector que se autopercibe como progresista.
El ejemplo más palpable es el del ex rector Fabián Calderón. Casi no dedicó tiempo a cuestionar en sus redes sociales el ajuste (apenas algún que otro reposteo) y guardó silencio de luto por el allanamiento.
Tampoco algunos espacios políticos han usado sus redes sociales para cuestionar el ajuste presupuestario. Tal el caso de FACU+ o del FIR.
Hay, además, algunos nombres que suenan como posibles candidatos para las elecciones que se avecinan en la UNLaR, que tampoco hablan del tema. El más notorio es el del ministro de Educación, Ariel Martínez. En su perfil de Facebook personal, por ejemplo, no hay un sólo posteo contra el ajuste universitario o el allanamiento.
Por el lado sindical, Sidiunlar armó su plan de lucha focalizado en reclamos locales y sobre el ajuste se ha limitado a compartir posteos de la Conadu. “En La Rioja, las autoridades son responsables del caos que vivimos”, publicó el gremio en un flyer titular “¿Por qué paramos?”.
La UNLaR se prepara para un año muy duro en el que habrá elecciones en la universidad. La gestión del rector Daniel Quiroga seguramente sea el eje del debate, pero es innegable que la educación necesita a todos los espacios reclamando al mismo tiempo, siempre que el objetivo de la militancia dentro de la universidad no sea simplemente conseguir el poder, sino mejorar la situación de la casa de estudios, sea quien sea el que gobierne.