*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE
La historia de cómo Ramón Díaz se quedó con 4.700 hectáreas en Los Mogotes es oscura, porque se hizo a espaldas de la sociedad y sin una ley del Estado que lo habilite. El único documento legal conocido hasta el momento es una escritura entre un funcionario y el entrenador. Las tierras habían sido expropiadas a una empresa privada. Y una investigación de EL FEDERAL ONLINE detectó varios indicios para pensar que la expropiación que realizó el gobernador Ángel Mazza en 2000 tuvo como único objetivo darle el inmueble al ex futbolista de River y de la Selección.
Primer intento de expropiación
A fines de los años ’90, la empresa Los Mogotes Colorados SAAGCI tenía unas 32 mil hectáreas en la zona de Los Mogotes, que había comprado a través de la escritura N° 239 del 11 de julio de 1969, aunque esa operación habría sido en nombre de otra persona, cuya identidad es desconocida, pues la compañía actuó como gestor de negocios.
El primer intento de expropiación en la zona fue el 7 de mayo de 1998, cuando la Legislatura aprobó la ley 6.466, que declaró sujetas a expropiación 134 hectáreas de lo que fue el hotel con aguas termales que en los años 40 y 50 funcionó en el lugar y que era visitado por actores y famosos.
En concreto, el objetivo del gobierno de Ángel Mazza era expropiar 24 hectáreas de la zona de las piletas termales, 60 hectáreas en torno al edificio de la hostería y otras 60 hectáreas del camino que va desde la ruta 74 hasta la hostería, de unos 6 kilómetros en total.
La idea era aprovechar la zona con fines económicos. En efecto, entre los argumentos, el decreto 529/98, que promulgó la ley, se alegó que las “tierras se encuentran improductivas desde el punto de vista agropecuario y turístico”.
Justamente por eso, el artículo 3 de la norma estableció que “el inmueble (…) será destinado a la explotación turístico-hidro-térmico”. Es decir, tenía un cargo, una obligación que se debía cumplir, porque el Estado tenía un objetivo que, como se verá, no se cumplió.
Segundo intento y expropiación
El 9 de diciembre de 1999, la Legislatura derogó esa ley y aprobó la ley 6.847, que amplió a 7 mil la cantidad de hectáreas sujetas a expropiación en Los Mogotes. Sin embargo, a través del decreto 898, el 4 de septiembre de 2000 el gobernador Mazza ordenó la expropiación de una porción menor, 4.749 hectáreas.
Esta vez, el cargo se redactó de otra forma. La norma dispuso, en su artículo 3, que el inmueble debería ser transferido al Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas (I.M.T.I.) “para realización del parcelamiento, conforme a las necesidades de los emprendimientos económicos que se instalarán en el campo”.
El decreto fijó la indemnización a la empresa Los Mogotes Colorados en el valor fiscal de las tierras, $3.990,32, es decir, menos de 1 dólar por hectárea. Y ordenó que el Ministerio de Hacienda deposite el dinero en una cuenta del Banco Rioja.
Luego, la Fiscalía de Estado impulsó el trámite judicial y, finalmente, según se desprende de los antecedentes dominales a los que accedió EL FEDERAL ONLINE, las tierras fueron transferidas al Estado provincial por escritura del 4 de enero de 2001.
Ahí viene Ramón
Las tierras nunca se “parcelaron” ni se destinaron a “emprendimientos económicos”, como ordenaba la ley. Lo que sigue de esta historia es muy oscuro y poco transparente. Hay certeza de que la operación de venta a Ramón Díaz se hizo el 12 de mayo de 2003, fecha de la escritura de compraventa. No obstante, hay argumentos para creer que Ramón Díaz ya había ocupado las tierras mucho antes, quizás apenas se expropiaron, como si ya hubiera estado acordado de antemano.
La escritura de venta fue elaborada por Nora Liliana Juárez, quien estaba a cargo del Registro Notarial del IMTI. Como vendedor figura Eduardo Néstor Rojo Luque, en calidad de director general del IMTI.
Hay un dato llamativo. Cuando en la escritura cita qué normas autorizan la operación, sólo menciona dos leyes, las 6.595 y 6.643, que son normas que regulan el saneamiento de títulos y que en este caso se usaron para vender tierras del Estado sin que la población se entere, sin publicación en el Boletín Oficial y sin una ley que declare la desafectación de un inmueble del Estado.
La venta no la ordenó la Legislatura, sino el IMTI, a través de la Resolución 13, del 12 de febrero de 2003. Se pactó un precio de 75 mil pesos, que en ese momento equivalían a 25.862 dólares. Cuando se firmó la escritura, Díaz ya había pagado.
Pero hay un dato más llamativo. La escritura advierte que, al rubricar el documento, Díaz ya tenía la “posesión material y efectiva” del inmueble “por la tradición verificada con anterioridad”. La tradición de un inmueble es la entrega del mismo, junto a sus llaves. Es decir que la provincia ya se lo había dado.
En efecto, a esa altura, los rumores que Ramón Díaz estaba trabajando en la zona habían comenzado mucho antes, poco después de la expropiación.
Por caso, el 5 de febrero de 2001, es decir, un mes después de que se escrituró el inmueble a nombre del Estado riojano y dos años antes de que Díaz compre la propiedad, La Voz del Interior publicó una investigación a partir de una denuncia por el robo de 14 algarrobos en Villa de Soto. La propia Agencia Córdoba Ambiente, que investigó el caso, determinó que el aserradero acusado estaba trabajando para la construcción de un hotel de Ramón Díaz.
Las fechas son muy llamativas. La denuncia por el robo de los algarrobos había sido hecha el 25 de enero de ese año, apenas 21 días después de que el Estado firmara la escritura.
En esos días, Omar Labruna, quien era la mano derecha de Ramón Díaz en sus aventuras como DT, desmintió las intenciones de hacer un hotel, lo que tiñó de más oscuridad la operación. Pero La Voz del Interior citó a cronistas de El Independiente y de FM Frontera para confirmar la noticia. En otras palabras, había información en off the record que manejaban los medios, pero nada oficial.
Es posible que antes de escriturar las tierras a su nombre Ramón Díaz ya tuviera la posesión por alguna vía legal. En efecto, la ley de saneamiento autorizaba, por ejemplo, la adjudicación en comodato con opción de compra o el alquiler con opción de compra. Quizás Ramón Díaz tenía algún tipo de contrato de ese estilo.
De hecho, años más tarde, el gobernador Luis Beder Herrera, cuando la provincia intentó recuperar las tierras en 2015, dijo que Ramón Díaz tenía un comodato. Y la diputada Camila Herrera había dicho que había un contrato. Ambos dijeron que el “Pelado” no lo cumplió, porque no hizo el hotel.
Pero hay algo que definitivamente no se cumplió y habría que ver si la responsabilidad es de Díaz o del gobierno provincial: como se dijo, no se respetaron los cargos de la ley, el “parcelamiento” y la realización de “emprendimientos económicos”. Ramón Díaz se quedó las tierras para él y hoy critica que el Estado provincial las quiera volver a expropiar.
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