- Actualizado, el monto del fraude al Estado ascendería a unos 600 millones de dólares, según estimaciones judiciales.
- Tras definir el monto, los condenados tendrán 10 días para depositar el dinero sino se iniciará la ejecución de bienes.
El Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia comenzó el proceso para definir el monto final del fraude ocasionado por Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad. La cifra de base notificada por el juez Jorge Gorini -responsable de ejecutar la pena-, es de $ 86.085.463.548,25 en función de la sentencia firme. Ese dinero será actualizado y las defensas como la fiscalía, ya designaron peritos de parte. Fuentes judiciales ya anticipan una cifra extraordinaria que podría rondar los U$S 600 millones. Cuando se determine finalmente a cuánto asciende el decomiso, habrá diez días para se deposite el dinero sino se comenzará con la ejecución de bienes.
Hace más de una semana, el juez Gorini -en calidad de presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio que devino en la primera condena por corrupción contra Cristina- le dio intervención al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte para que proceda a la actualización de los más de $ 86.000 millones.
“La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”, había remarcado el fiscal general Diego Luciani en un dictamen en el que detalló en 40 páginas los bienes de todos los condenados.
El juicio del caso Vialidad dio por corroborado que los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de Báez se hicieron en forma irregular. Hubo procesos direccionados, simulación de concursos y sobrecostos. La cifra inicial fue de $ 46.000 millones que representaba el costo de las licitaciones direccionadas y rodeadas de procesos irregulares, que obtuvo Lázaro Báez.
El valor fue actualizado provisoriamente a través de herramientas de acceso público que utilizaban índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo para el período posterior al año 2017 y los índices de precios al consumidor para los años anteriores, obtenidos del trabajo “Online and official price indexes: Measuring Argentina’s inflation” publicado en MIT Sloan Research Paper. Se explicó por sobre todas las cosas que el decomiso que responde al fraude ocasionado que coloca como único damnificado al Estado, era provisorio y requería a la hora de obtener firmeza, su actualización.
Se dispuso como fecha de inicio la de adjudicación de cada una de las obras y fue actualizado al día 6 de diciembre del año 2022, lo que arrojó en definitiva una suma total de $84.835.227.378,04 que fue lo que se fijó en el veredicto.
Hace dos semanas, el juez Jorge Gorini dio intervención a los organismos técnicos responsables de efectuar la actualización de la cifra. Pero el punto de partida es superior: poco más de $ 86.000 millones.
Como todas las partes ya designaron peritos de parte, incluido el Ministerio Público Fiscal, el Cuerpo de Peritos de la Corte comenzó la tarea de actualización de lo que se convertirá en el decomiso definitivo. Las primeras cifras extraoficiales, según señalaron fuentes judiciales a Clarín, estarían cercanas a los 600 millones de dólares.
Una vez oficializada la cifra final del decomiso los nueve condenados, encabezados por Cristina, serán notificados que en el plazo de los diez días hábiles, deberán depositar la suma que sea definida.
Dicha etapa se realiza bajo apercibimiento de rigor en cuanto a la ejecutabilidad de los bienes cautelados. Es decir: si en el plazo estipulado no se deposita el dinero, cifra a la que los acusados deben responder de forma solidaria, se avanzará en la ejecución de los bienes que cada uno posee.
En este caso, son Cristina Kirchner y Lázaro Báez los que más bienes inmuebles poseen. Por ese motivo el fiscal Luciani pidió que todo sea tasado nuevamente, y que a esas fortunas se les coloque un valor actualizado.
Al momento de determinar la estructura defraudatoria, se hizo mención a una “alianza delictiva de funcionarios públicos de distinta jerarquía que, paradójicamente, tenían a su cargo el cuidado de estos intereses estatales, debe ser juzgada con la rigurosa eficacia que exige el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país en materia de lucha contra la corrupción”.
En consecuencia, el decomiso que es una consecuencia inmediata del fraude ocasionado, se convierte igualmente en una forma de resarcir al Estado por el daño ocasionado.
En lo que concierne a la ex vicepresidenta se reiteró un pedido específico: que se mantenga el embargo trabado sobre el dinero cedido por “Cristina Elisabet Fernández a Florencia Kirchner, consistente en la suma de U$S 4.664.000 que se encuentra en la caja de seguridad, U$S 1.032.144,91 obrante en la caja de ahorro en U$S y $ 53.280,24 de la caja de ahorro en pesos. Todo ello, con los respectivos intereses que se hubieren devengado”.
Después el fiscal Luciani incluyó los 25 inmuebles que la ex vicepresidenta cedió en marzo de 2016 a sus hijos en partes iguales. También requirió una actualización del valor accionario de Los Sauces SA y Hotesur SA, las dos compañías familiares cuyos accionistas son a la fecha el Máximo y Florencia Kirchner. Estas firmas fueron investigadas por lavado de dinero y es el próximo juicio oral y público que enfrentará la ex presidenta. Además se pidió una valuación de COMA SA, un empresa que nunca tuvo actividad y sólo contaba con un terreno en El Calafate.
La mayor cantidad de bienes detallados por el Ministerio Público Fiscal corresponde a propiedades de Lázaro Báez que, además, incluye más de 130 inmuebles mayoritariamente radicados en Santa Cruz, más el valor accionario de Austral Construcciones, Loscalzos y Del Cierto, Sucesión Adelmo Biancalani y Kank y Costilla, todas constructoras utilizadas para la maniobra defraudatoria.