El ex diputado provincial Emilio Lucero presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Tribunal Superior de Justicia. Acusa a los magistrados de haber ratificado en 2016 un beneficio salarial amparados en una norma que ya no existía. Asegura que se trata de un “delito” y reclama igualdad con el resto de los estatales.
Una fuerte polémica sacude al Poder Judicial de La Rioja. Una denuncia pública y judicial puso en la mira los recibos de sueldo de los máximos magistrados de la provincia, acusados de percibir desde hace casi una década un ítem salarial amparado en una ley que, según la presentación, había sido derogada mucho tiempo atrás.
La voz cantante del reclamo es Emilio Lucero, ex diputado provincial con mandato cumplido, quien expuso una trama normativa que califica de «insólita» y que involucra a la cúpula de la justicia riojana. El nudo del conflicto es el pago del «Ítem Antigüedad», un adicional que, de acuerdo a la denuncia, fue restituido por los propios jueces mediante un acuerdo interno en 2016, basándose en una legislación nacional que ya no tenía vigencia en la provincia.
“En el año 2016, el Poder Judicial dice que ratifican la antigüedad de una ley de remuneraciones del Poder Judicial de la Nación. En el mismo acuerdo reconocen que la ley está derogada“, disparó Lucero en declaraciones al programa Laberinto.
La trama legal
Según explicó el ex legislador, la controversia gira en torno a la Ley 4269, una norma de la época del gobierno de facto que regulaba las remuneraciones judiciales. Lucero sostiene que esa ley fue derogada expresamente por la Ley 5696 y reemplazada en el ordenamiento constitucional provincial por la Ley 4437 desde mediados de los años 80.
Sin embargo, el denunciante asegura que en 2016, los entonces jueces del Tribunal Superior —entre los que mencionó a Pagotto, Brizuela y Ana— junto al actual Fiscal General, Javier Vallejos, firmaron un acuerdo para volver a cobrar ese beneficio.
“Hacen un acuerdo ratificando la antigüedad de la Ley 4269 y a su vez reconocen que la ley está derogada, pero dicen que se la arrogan por el artículo segundo” detalló Lucero, para luego sentenciar: “Si está derogada, queda nula de nulidad absoluta. No se pueden generar derechos sobre una ley derogada. Eso es insólito“.
Apuntados con nombre propio
La denuncia no solo cuestiona la legalidad del cobro, sino que señala contradicciones políticas graves. Lucero apuntó directamente contra el actual juez Claudio Nicolás Saúl, quien al momento de la derogación de la norma en cuestión se desempeñaba como secretario legislativo.
“Él tenía pleno conocimiento de esto“, afirmó Lucero, sugiriendo que las autoridades judiciales estaban al tanto de la irregularidad administrativa al momento de reactivar el cobro del plus. “Acá se tiene que mostrar el recibo: desde el 2016 se viene cometiendo el delito de cobrar un sueldo ilegal, ellos y todos los jueces“, arremetió.
Un reclamo de igualdad
El trasfondo del conflicto también es gremial. Mientras el Poder Judicial lograba restituirse este beneficio, el resto de la administración pública riojana veía congelado ese ítem desde la emergencia económica de 1995.
Lucero contrastó esta situación con la reciente Ley 10.104, que devolvió la antigüedad a la Policía provincial. “Bienvenido sea para ellos, pero para el resto de la administración pública es totalmente discriminatorio»sostuvo, marcando que ni salud, ni municipales, ni el resto de los estatales recibieron el mismo trato. «Ellos no pueden dar un beneficio a un sector parcial y no general», agregó.
La causa, en un laberinto judicial
La acción de inconstitucionalidad fue presentada formalmente el pasado 13 de octubre. Sin embargo, el avance de la causa enfrenta un obstáculo institucional: la falta de fiscales habilitados para investigar, dado que las máximas autoridades del Ministerio Público están involucradas en la denuncia.
“El fiscal actual no puede actuar porque está acusado. Se tiene que hacer una selección de abogados de la matrícula para nombrar un conjuez“, explicó Lucero sobre el estado del expediente
El ex diputado advirtió que, de no prosperar el reclamo en la justicia local debido a la gravedad institucional del conflicto, llevarán el caso a la Corte Suprema de la Nación. «Vamos a seguir insistiendo porque es un derecho de los trabajadores y son 30 años de deuda», concluyó.
Fuente: Rioja Política
Video Gentileza del periodista Fralo y su programa Laberinto