[REDACCIÓN EL FEDERAL] El Concejo Deliberante vivió una sesión clave en la que la oposición bloqueó la iniciativa del oficialismo destinada a otorgarle al intendente Armando Molina un poder sin precedentes sobre todas las tierras públicas de la Capital. La reforma, que buscaba modificar el marco legal del Banco de Tierras Municipal, no alcanzó la mayoría calificada y quedó detenida, pese al acompañamiento del bloque oficialista y de la concejal Karina Martínez.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo pretendía autorizar al intendente a vender, adjudicar, prestar, escriturar, subastar o incluso intercambiar terrenos municipales sin controles externos reales. La propuesta habilitaba además el cambio de uso de espacios verdes, plazas barriales y corredores ambientales, con la posibilidad de destinar hasta un 30% de ciertas plazas a actividades comerciales privadas. Todo bajo la figura del “Convenio Urbanístico”, una herramienta que permitiría avanzar con reconfiguraciones urbanas sin instancias claras de participación vecinal.
Los concejales Luciana de León, Yiyi Ceballos, Carlos Roncoroni, Nazareno Rippa, Aníbal Olivera y Ángel Ávila rechazaron la iniciativa y coincidieron en que se trataba de un “cheque en blanco” que ponía en riesgo el patrimonio público de la ciudad. Según argumentaron, la cesión de estas atribuciones abría la puerta a que la tierra —el recurso más sensible y escaso del municipio— pudiera ser utilizada con fines políticos, negociaciones internas o decisiones discrecionales sin control del Concejo.
La votación expuso nuevamente la tensión interna en el cuerpo deliberativo. Aunque en la comisión de Legislación el texto había sido acompañado por concejales oficialistas, libertarios y radicales, ayer varios de esos respaldos se retiraron en pleno recinto, lo que impidió que la ordenanza avanzara. Incluso así, el oficialismo insistió en que el proyecto era necesario para “ordenar el territorio”, pero nunca respondió a las críticas sobre la concentración inédita de poder que pretendía otorgar al Ejecutivo.
El trasfondo técnico del dictamen refuerza las preocupaciones. El Artículo 9°, que generó el mayor rechazo, habilitaba al municipio a disponer de los terrenos en venta, comodato, subasta o cualquier otra forma que considerara necesaria para “resolver proyectos” definidos por el propio Ejecutivo. También permitía cambiar el destino de los lotes y abrir la posibilidad de intervenir espacios verdes, equipamientos comunitarios y corredores ambientales para actividades comerciales o convenios con privados. El Artículo 10°, por su parte, establecía un sistema de adjudicación donde la principal verificación recaía en el mismo Ejecutivo, sin procesos de control independientes.
La oposición sostuvo que la norma no solo carecía de límites institucionales, sino que además dejaba en manos del intendente toda la información dominial, los procesos de tasación, adjudicación y escrituración, construyendo de hecho una estructura capaz de operar como una “inmobiliaria municipal paralela”, sin supervisión efectiva del Concejo.
En una sesión marcada por la tensión y las acusaciones cruzadas, lo que quedó en claro es que la disputa por la tierra —y por quién tendrá la facultad de administrarla— se transformó en uno de los debates institucionales más sensibles del cierre del año legislativo.