Por Angel Flores
La ruta que debía unir La Rioja con Chilecito no solo quedó inconclusa durante años: se convirtió en la obra pública más cara de la historia provincial y, para numerosos analistas y dirigentes opositores, en el punto de partida de un sistema de saqueo de fondos nacionales que marcó a fuego la gestión de Luis Beder Herrera.
Según datos oficiales del Mapa de Inversiones del Gobierno nacional, la obra figura con aproximadamente 64 % de avance, con una fecha prevista de finalización en 2025, pero no está habilitada en su totalidad todavía.
Anunciada como una obra estratégica, vital para el desarrollo productivo y turístico, la traza terminó siendo un emblema del despilfarro, los sobreprecios y las adjudicaciones políticas, con montos que escalaron hasta cifras inéditas para la provincia. Según estimaciones difundidas por medios locales y técnicos especializados, el proyecto superó los 5.700 millones de pesos, un número que, aun considerando la complejidad geográfica, resulta desproporcionado y escandaloso.
Nunca antes una obra vial en La Rioja había concentrado semejante volumen de recursos. Nunca antes, tampoco, los resultados fueron tan pobres en relación con el dinero ejecutado.
Durante el gobierno de Beder Herrera, la ruta La Rioja–Chilecito pasó a ser la madre de todas las obras, el modelo que luego se replicaría: fondos que llegaban desde Nación, licitaciones cuestionadas, avances lentos o inexistentes y controles prácticamente nulos. Para muchos, allí comenzó el engranaje de una maquinaria que drenó recursos nacionales sin dejar infraestructura acorde a lo pagado.
Un dato revelador
En mayo del 2013, El gobierno de La Rioja, a cargo de Beder Herrera, habría contratado por más de 74 millones de pesos a una empresa sin antecedentes y sin registro en la AFIP para controlar una obra vial por casi 1.500 millones de pesos que fue adjudicada, entre otras compañías a la empresa Austral Construcciones, perteneciente a Lázaro Báez.
Así lo denunció el concejal kirchnerista Ernesto “Harry” Pérez -en ese tiempo- quien responde al intendente de la capital, Ricardo Quintela, enfrentado al gobernador riojano. La acusación, sin embargo, fue rechazada por el titular de Vialidad Provincial, Miguel Ángel Bertolino, a cargo de la obra de construcción de una nueva ruta entre las ciudades de La Rioja y Chilecito, informó DyN.
Posteriormente las empresas adjudicatarias no pasaron desapercibidas. Rovella Carranza S.A., constructora de fuerte presencia en la obra pública nacional y señalada en investigaciones periodísticas por sus vínculos con el ex secretario de Obras Públicas José López, fue una de las protagonistas. También aparece Paolini Hnos., firma habitual en grandes contratos viales en La Rioja. Ambas concentraron tramos millonarios mientras la obra avanzaba a paso lento y los costos por kilómetro se disparaban a niveles inéditos.
En algunos tramos, el costo estimado llegó a cifras que especialistas calificaron como “inexplicables”, superando ampliamente valores promedio de obras similares en otras provincias. Sin embargo, los pagos se realizaron, las certificaciones se aprobaron y los fondos siguieron fluyendo.
El dinero no salía solo de las arcas provinciales. Gran parte de los recursos provenía de Nación, en pleno auge del modelo de obra pública del kirchnerismo, donde el reparto de contratos era una de las principales herramientas de construcción de poder político. La Rioja, alineada sin fisuras con el gobierno central, fue una de las provincias beneficiadas con envíos millonarios.
Para la oposición, no fue casualidad. La ruta a Chilecito marcó el inicio de una relación opaca entre el poder político riojano y el financiamiento nacional, que luego se repetiría en gasoductos inconclusos, viviendas sin terminar y transferencias millonarias a fundaciones y ONG vinculadas al oficialismo. El patrón era siempre el mismo: plata que llegaba, obras que no se terminaban y ninguna explicación convincente.
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A pesar de las denuncias públicas, los pedidos de informes y las presentaciones judiciales, la Justicia nunca avanzó a fondo. No hubo responsables políticos condenados, no hubo auditorías exhaustivas con consecuencias reales, ni devoluciones de dinero. La ruta quedó como un monumento a la impunidad, atravesando la sierra y la memoria colectiva de los riojanos.
Hoy, con nuevas gestiones intentando completar lo que otros dejaron a medio hacer, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde fue a parar todo el dinero?. Para muchos, la ruta La Rioja–Chilecito no es solo una obra mal ejecutada: es el acta de nacimiento del mayor saqueo de fondos nacionales en la historia de la provincia, un punto de quiebre donde la obra pública dejó de ser desarrollo y pasó a ser negocio, para una banda de políticos delincuentes.
Mientras el asfalto no llega completo y las cifras siguen creciendo, las responsabilidades políticas del pasado continúan sin rendir cuentas. Y la ruta, lejos de unir, divide una historia que todavía espera justicia.