[REDACCIÓN EL FEDERAL] El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a raíz de declaraciones realizadas en un programa radial en las que cuestionó la continuidad del actual Gobierno nacional y evocó el contexto de la crisis de 2001.
La presentación judicial fue realizada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, con sede en los tribunales de Comodoro Py, y solicita que se investigue si los dichos del mandatario provincial pueden encuadrar en figuras penales vinculadas a la instigación a cometer delitos, la intimidación pública y la incitación a la violencia colectiva, entre otras.
Según el escrito del fiscal, las expresiones atribuidas al gobernador habrían sido formuladas el 23 de febrero de 2026 durante una entrevista en el programa Mañana Sylvestre, conducido por Gustavo Sylvestre en Radio 10.
“Tenemos que asumir esa responsabilidad histórica rápidamente”, planteó el mandatario al analizar el rumbo político y económico de la gestión de Javier Milei. Y concluyó: “Este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027″
En la denuncia, Stornelli sostuvo que las manifestaciones públicas del gobernador, realizadas en un medio de alcance masivo, podrían afectar el orden constitucional y adquirir mayor gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades.
Posible encuadre legal
El fiscal indicó que, de manera preliminar, los hechos denunciados podrían encuadrar en los delitos previstos en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 (apología del crimen) y 226 bis (amenaza de sedición) del Código Penal.
En su presentación, el Ministerio Público Fiscal pidió que se incorpore como prueba el material audiovisual del programa radial del 23 de febrero, que se adopten medidas urgentes para la preservación de los registros audiovisuales y que, en caso de avanzar la investigación, se convoque a declaración indagatoria al gobernador en los términos del Código Procesal Penal de la Nación.
El expediente deberá ser sorteado para determinar qué juzgado federal intervendrá y si corresponde impulsar formalmente la investigación solicitada por el fiscal.