Por Angel Flores
En los últimos años se instaló en redes sociales el fenómeno de los therian: personas que se autoperciben como animales y actúan en consecuencia, desconectadas —en mayor o menor medida— de la realidad que los rodea. Salvando las distancias, algo similar parece ocurrir con el gobierno de La Rioja frente al nuevo escenario nacional.
Mientras el país atraviesa una transformación profunda impulsada por el presidente Javier Milei, la dirigencia riojana parece moverse en una dimensión paralela, más enfocada en la confrontación discursiva que en la negociación inteligente.
El oficialismo provincial eligió el camino de la oposición frontal. Pero ser opositor no implica quedar fuera del sistema. Implica discutir, negociar, plantear diferencias y, sobre todo, proteger los intereses de los ciudadanos propios. Cuando la disputa se vuelve personal y extrema, el costo no lo paga el gobernador: lo paga el riojano de a pie.
En el plano nacional, el gobierno de Javier Milei logró algo que pocos anticipaban: consolidar poder legislativo. Con la aprobación de leyes clave para La Libertad Avanza, el oficialismo no solo consiguió herramientas de gestión, sino que también envió una señal política contundente: el rumbo económico tiene respaldo parlamentario.
Esto modifica el tablero. Ya no se trata solo de un Presidente disruptivo; se trata de un proyecto que consiguió volumen institucional, y un cambio la matriz productiva y política, y del cual, La Rioja está fuera
Frente a esto, ¿cuál es la estrategia de La Rioja? ¿Resistir todo? ¿Apostar al desgaste? ¿O sentarse a negociar recursos, obras y condiciones que amortigüen el impacto en la provincia?
Una provincia en default y un riesgo judicial externo
A este escenario político se suma un dato financiero delicado: la provincia arrastra una situación de cesación de pagos sobre compromisos de deuda internacional. El proceso judicial abierto en tribunales de Estados Unidos podría derivar en fallos adversos que afecten flujos de recursos o condicionen aún más las ya debilitadas finanzas provinciales.
Y aquí aparece otro factor central. El presidente Javier Milei ha reiterado públicamente que la Nación no asumirá ni rescatará deudas provinciales. Si esa posición se mantiene sin excepciones, La Rioja deberá enfrentar sola cualquier resolución judicial adversa.
En un contexto de caída de transferencias discrecionales y dependencia de la coparticipación, el margen de maniobra es mínimo. El escenario, sin exageraciones, roza lo crítico.
Declaraciones que profundizan la grieta
Las recientes declaraciones del gobernador Ricardo Quintela —“este gobierno no tiene que llegar al 10 de diciembre”— no solo generaron repercusión política, sino que derivaron en una denuncia presentada por el fiscal Carlos Stornelli.
Más allá de la discusión jurídica, el mensaje político es preocupante. En un país que intenta estabilizar su economía tras décadas de crisis recurrentes, ese tipo de expresiones profundizan la grieta y refuerzan un clima de confrontación permanente.
Pero lo más delicado es que, mientras el discurso escala, la provincia sigue dependiendo de recursos nacionales y de un entramado productivo que necesita previsibilidad.
Cambio de matriz productiva: advertencia para empresarios
El proyecto de Milei apunta —según su propia definición— a modificar la matriz productiva argentina hacia un esquema de libre competencia, apertura y menor intervención estatal. Ese cambio, de concretarse, impactará directamente en empresarios que durante años operaron en mercados cerrados, con escasa competencia y márgenes amplios.
En muchas provincias, incluida La Rioja, hubo sectores que lograron triplicar precios en contextos inflacionarios, obteniendo ganancias extraordinarias sin controles eficientes y, en algunos casos, en convivencia con estructuras estatales que miraban hacia otro lado
Hoy el mensaje es otro: competir. Sin protección excesiva. Sin privilegios estructurales.
Para algunos será una oportunidad. Para otros, un golpe duro.
Si la provincia decide aislarse políticamente del poder central, el 2026 y 2027 pueden ser años especialmente difíciles para los riojanos. Menos margen fiscal, presión judicial externa, exigencias de mercado más duras y un gobierno nacional que dejó en claro que no financiará desequilibrios estructurales provinciales.
El problema no es ser oposición. El problema es no negociar. No anticiparse. No diseñar políticas que protejan al trabajador, al pequeño comerciante, al profesional independiente.
El riojano común no necesita discursos épicos ni declaraciones altisonantes. Necesita empleo, estabilidad, crédito, seguridad jurídica y reglas claras. La política puede jugar a la confrontación. Pero la economía no espera.
Y cuando la economía no espera, el costo social puede volverse casi catastrófico.
La pregunta que queda abierta es simple: ¿la dirigencia provincial elegirá resistir o negociar para defender a su gente?
Porque el país cambió. Y quedarse afuera tiene consecuencias.