[REDACCIÓN EL FEDERAL] Un siniestro vial protagonizado por el intendente del departamento Castro Barros, Miguel De La Vega, durante la noche del domingo en el ingreso a Aimogasta, abrió una polémica que ya excede lo policial y pone el foco en el uso de vehículos oficiales.
El hecho ocurrió en pleno feriado, alrededor de las 22.50 horas, sobre la Ruta Nacional 75, cuando el jefe comunal circulaba en una camioneta Toyota Hilux e impactó contra un caballo suelto. Según informó la Policía, el intendente sufrió lesiones leves y el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.
Sin embargo, tras la difusión del episodio, comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos en redes sociales sobre qué hacía el intendente utilizando un vehículo oficial en horario nocturno y en un día feriado, lo que derivó en reclamos públicos de explicaciones.
La denuncia que encendió la polémica
El conflicto escaló luego de que la periodista Rosana Yolanda Alaniz, del medio La Voz Costeña, presentara una denuncia por presunto hostigamiento y violencia de género.
De acuerdo a la certificación policial, Alaniz denunció haber sido insultada en redes sociales por un trabajador del área de prensa municipal, luego de publicar información vinculada al siniestro. Según su exposición, los agravios buscaron desacreditar su trabajo periodístico y frenar la difusión del hecho. A partir de esa presentación, el caso tomó mayor visibilidad y reavivó el debate público.
Reclamos por el uso de recursos públicos
Con el correr de las horas, el eje de la discusión en parte se trasladó hacia un punto central: el uso de un vehículo oficial fuera de funciones claramente informadas.
En redes sociales, vecinos y usuarios plantearon interrogantes sobre el motivo del traslado del intendente a esa hora, el carácter del viaje (oficial o personal) y la utilización de un rodado del Estado en ese contexto. Hasta el momento, no se difundió una explicación oficial detallada que aclare esas circunstancias.
Silencio oficial y presión pública
El caso combina ahora dos planos: por un lado, la denuncia judicial por presunta violencia contra una periodista; y por otro, un creciente reclamo social por transparencia en el uso de bienes públicos.
En ese marco, distintos sectores comenzaron a exigir que el intendente brinde precisiones sobre las condiciones en las que utilizaba el vehículo al momento del accidente, en un contexto donde la información disponible es aún parcial.
La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas haya definiciones tanto en el plano judicial como en el político.