Por Angel Flores
El Federal accedió en exclusiva al documento judicial presentado en Estados Unidos por los acreedores de la Provincia de La Rioja y el contenido es contundente: los bonistas pidieron formalmente ejecutar y quedarse con activos estratégicos del Estado provincial, en un avance que contradice de manera directa las declaraciones oficiales.
La presentación fue realizada por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ante la United States District Court for the District of Massachusetts, bajo la figura legal de “reach and apply”, un mecanismo que permite a los acreedores ir directamente sobre bienes del deudor para cobrar una sentencia firme.
El texto del documento, al que accedió este medio, no deja lugar a interpretaciones: los demandantes solicitan que la Justicia estadounidense tome las acciones de la Provincia en Banco Rioja S.A.U. y en el Parque Eólico Arauco SAPEM para satisfacer la deuda en default. No se trata de una advertencia ni de una instancia preliminar, sino de un pedido concreto de embargo.
Pero hay un dato aún más sensible: el propio abogado de los bonistas, Dennis Hranitzky, confirmó a El Federal que la Provincia ya fue formalmente notificada, que los documentos fueron entregados a su representación legal —el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton— y que incluso hubo una reunión previa donde se anticipó la maniobra judicial. Es decir, el Gobierno riojano conocía el avance antes de que se hiciera público.
El documento también revela un punto clave que agrava el escenario: los bonistas no están negociando ninguna reestructuración ni alternativa de pago. La vía elegida es directamente la ejecución de activos, una instancia que en el derecho internacional financiero suele marcar el fracaso total de las negociaciones previas.
En este contexto, las afirmaciones del jefe de Gabinete provincial, Juan Luna Corzo, quedan seriamente cuestionadas. El funcionario había asegurado que “los activos del Banco Rioja y el parque eólico están a salvaguarda” y sostuvo que “la soberanía nacional no permite la ejecución de una sentencia del Estado de Massachusetts en la República Argentina”, además de afirmar que dichos bienes “van a seguir siendo del gobierno de La Rioja”.
Sin embargo, el documento judicial va exactamente en sentido contrario. Los acreedores argumentan que esos activos no están protegidos por inmunidad soberana, ya que tienen carácter comercial y generan ingresos, lo que los vuelve potencialmente embargables bajo la legislación de Estados Unidos, particularmente bajo el Foreign Sovereign Immunities Act.
Los acreedores argumentan que esos activos no están protegidos por inmunidad soberana, ya que tienen carácter comercial y generan ingresos
La gravedad del planteo es mayúscula: si la Corte acepta este criterio, no solo podría avanzar sobre bienes concretos de la provincia, sino que además se sentaría un precedente de alto impacto para cualquier jurisdicción subnacional argentina con deuda externa.
El riesgo no es solo jurídico. El eventual embargo de acciones del Banco Rioja o del parque eólico implicaría un golpe directo al sistema financiero y productivo de la provincia, afectando su capacidad operativa, su credibilidad y su acceso al crédito futuro.
A diferencia del discurso oficial, que intenta encuadrar el conflicto en términos políticos o de soberanía, el expediente muestra otra realidad: el proceso ya está judicializado, los acreedores tienen fallos a favor y ahora buscan cobrar ejecutando activos concretos.
En términos simples, el mensaje que surge del documento es claro y preocupante: los bonistas dejaron de esperar y avanzaron para cobrar. Y lo hicieron con el Gobierno de La Rioja ya notificado.