Por Angel Flores
El conflicto por la deuda externa de La Rioja escaló en las últimas horas del plano judicial al político, luego de que, tras la conferencia de prensa del Gobierno provincial, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, publicara un duro mensaje en redes sociales cuestionando la postura oficial y advirtiendo sobre la gravedad del escenario.
El pronunciamiento se da luego de que el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna Corzo, intentara llevar tranquilidad al afirmar que “los activos del Banco Rioja y el parque eólico están a salvaguarda”, y que “la soberanía nacional no permite la ejecución de una sentencia del Estado de Massachusetts en la República Argentina”. También aseguró que dichos bienes “van a seguir siendo del gobierno de La Rioja”.
Sin embargo, la documentación judicial a la que accedió El Federal demuestra que esa afirmación es, como mínimo, engañosa. Los bonistas ya presentaron formalmente una acción ante la justicia de Estados Unidos para ejecutar activos de la provincia, bajo un mecanismo legal que apunta directamente a embargar las acciones del Banco Rioja y del Parque Eólico Arauco.
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Lejos de tratarse de una hipótesis o una posibilidad futura, el expediente presentado por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ante la United States District Court for the District of Massachusetts es claro: los acreedores sostienen que esos activos no están protegidos por inmunidad soberana, ya que tienen carácter comercial, y por lo tanto pueden ser ejecutados para cobrar la deuda.
En ese contexto, el mensaje de Martín Menem no solo refuerza la gravedad del caso, sino que expone la fragilidad del discurso oficial. Según pudo verse en el video difundido en redes, el titular de Diputados apuntó directamente contra la conducción política de la provincia, cuestionando la gestión de la deuda y advirtiendo sobre las consecuencias institucionales y económicas de este proceso.
El punto más crítico es que el Gobierno riojano ya fue notificado formalmente de la acción judicial. Incluso, según confirmaron los propios abogados de los bonistas, hubo instancias previas de comunicación con la defensa legal de la provincia, lo que desarma cualquier intento de presentar la situación como inesperada o bajo control.
Aún más delicado resulta el hecho de que los acreedores no están negociando una reestructuración ni alternativas de pago. El camino elegido es directamente la ejecución de activos, una señal inequívoca de que el conflicto entró en una fase crítica.
En este escenario, las declaraciones de Juan Luna Corzo aparecen desconectadas de la realidad judicial. Afirmar que los activos “están a salvaguarda” choca de frente con un expediente que precisamente busca lo contrario: que esos bienes sean alcanzados y utilizados para pagar la deuda.
El argumento de la soberanía tampoco resulta suficiente frente al marco legal en el que se desarrolla el caso. La legislación estadounidense contempla excepciones claras cuando se trata de bienes utilizados con fines comerciales, y ese es el eje sobre el cual avanzan los bonistas.
Mientras tanto, el impacto potencial del conflicto crece. No se trata solo de una disputa financiera: está en juego la estabilidad de activos clave para la economía provincial y la credibilidad de La Rioja en los mercados internacionales.
La intervención de Martín Menem marca que el tema ya trascendió el ámbito técnico y se instaló en la agenda política nacional. Y en ese terreno, la estrategia comunicacional del Gobierno riojano empieza a mostrar fisuras frente a la contundencia de los hechos.
Porque más allá de los discursos, hay un dato que no puede relativizarse: la Justicia de Estados Unidos ya tiene sobre la mesa un pedido concreto para avanzar sobre activos de la provincia. Y eso, lejos de estar “a salvaguarda”, los coloca en el centro de una disputa que recién empieza.