El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, confirmó que el próximo lunes se realizará una reunión entre autoridades provinciales y representantes de la empresa minera Vicuña, en medio del conflicto judicial y político generado por el proyecto minero que se desarrolla en el límite entre La Rioja y San Juan.
En declaraciones a Radio Fénix, el funcionario explicó que el encuentro buscará avanzar en conversaciones vinculadas al impacto ambiental y a las condiciones de funcionamiento del emprendimiento. “Está previsto que se presenten representantes de la empresa para conversar con el gobernador”, señaló.
Azulay también confirmó que quedó suspendida la medida judicial que impedía la circulación de vehículos y maquinaria de la empresa por territorio riojano.
“La jueza decretó la suspensión de los plazos y de la medida mientras duren las conversaciones”, indicó, y agregó que el tránsito volvió a habilitarse luego de que las partes fueran notificadas formalmente.
El conflicto se originó semanas atrás luego de que la Justicia riojana ordenara frenar parcialmente las actividades vinculadas al proyecto y bloquear el corredor logístico utilizado por la empresa a través de territorio provincial. La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja, que reclamó la presentación de estudios ambientales integrales.
El proyecto Vicuña, integrado por los emprendimientos Josemaría y Filo del Sol, prevé inversiones multimillonarias para la explotación de cobre, oro y plata en la zona cordillerana cercana al límite interprovincial.
En ese contexto, Azulay aclaró que la postura de La Rioja no apunta a impedir el desarrollo minero, sino a exigir garantías ambientales.
“Los impactos no reconocen límites políticos”, afirmó el funcionario, al remarcar que aunque el proyecto se encuentre del lado sanjuanino, podría generar consecuencias sobre ecosistemas y recursos compartidos con territorio riojano.
Según explicó, la Provincia reclama estudios técnicos formales que permitan determinar si existen riesgos ambientales derivados de la actividad.
“Hay que conocer si hay impactos y, si los hay, deben ser objeto de un plan de mitigación”, sostuvo.
El funcionario señaló además que el planteo riojano se fundamenta en criterios técnicos, ambientales y legales, y rechazó que el conflicto tenga un trasfondo estrictamente económico.
“No se le está poniendo precio al ambiente, se está pidiendo que se lo respete”, concluyó.
El proyecto Vicuña se convirtió en uno de los desarrollos mineros más importantes del país y también en el centro de una creciente discusión entre La Rioja y San Juan por cuestiones ambientales, logísticas y territoriales.