La provincia volverá a poner en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como “Chachos”, como parte del esquema salarial para los empleados públicos. El Gobierno de Ricardo Quintela sostiene que la medida busca sostener el consumo y fortalecer el circuito económico provincial, mientras sus críticos advierten sobre los riesgos de utilizar una cuasimoneda para afrontar obligaciones salariales.
La Rioja volverá a poner en circulación los denominados “Chachos”, la cuasimoneda impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, en una decisión que vuelve a abrir el debate sobre el financiamiento provincial y la estrategia económica frente a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.
El jefe de Gabinete riojano, Juan Luna Corzo, confirmó la continuidad del esquema y defendió que los bonos tengan circulación dentro de la economía provincial. La nueva emisión representaría más de $4.000 millones en Chachos, que serán distribuidos entre trabajadores estatales.
El mecanismo forma parte del incremento salarial anunciado para los empleados públicos. En julio, el Gobierno provincial confirmó un aumento del 15%, cuyo impacto comenzó a percibirse con los haberes correspondientes a ese mes, pagados durante agosto, e incorporó una suma equivalente a $50.000 en Chachos por trabajador.
De acuerdo con estimaciones difundidas por el Gobierno provincial, el aumento salarial implica una erogación total cercana a $12.200 millones mensuales, de los cuales alrededor de $4.000 millones corresponden al componente abonado mediante BOCADE.
Una moneda que busca quedarse dentro de La Rioja
La principal característica de los Chachos es que, a diferencia de los pesos, su utilización está orientada al circuito comercial riojano. El Gobierno sostiene que de esta manera el dinero destinado a salarios permanece dentro de la provincia y genera sucesivas operaciones entre consumidores, comercios y proveedores.
Luna Corzo defendió precisamente esa lógica y sostuvo que los bonos deben circular en los comercios locales, desde supermercados y almacenes hasta carnicerías y otros establecimientos.
El objetivo oficial es que el trabajador utilice los Chachos para realizar compras y que posteriormente los comerciantes puedan utilizarlos para adquirir bienes, servicios o insumos dentro de la propia provincia, generando un circuito cerrado de consumo.
En la experiencia anterior, los BOCADE llegaron a ser aceptados por cientos de comercios. El propio Ministerio de Hacienda provincial informó en 2024 que más de 800 establecimientos habían formalizado su adhesión y que los bonos mantenían una paridad nominal de 1 Chacho = 1 peso.
Las posibles concecuencias
Las consecuencias más graves podrían recaer sobre los trabajadores y los pequeños comerciantes, especialmente si los Chachos no son aceptados de manera amplia o si se genera una brecha entre su valor nominal y el valor real de intercambio. Una nueva emisión de cuasimoneda puede fragmentar el sistema de pagos, generar incertidumbre, dificultar el acceso a pesos y trasladar el riesgo financiero de la Provincia al sector privado. Además, si los comercios deben aceptar los bonos para poder vender, pero luego tienen dificultades para convertirlos en pesos, podrían verse afectados su capital de trabajo y su capacidad para afrontar alquileres, proveedores, impuestos y otros gastos que necesariamente deben pagarse en moneda de curso legal.
El antecedente de 2024
No es la primera vez que La Rioja utiliza esta herramienta. Los Chachos comenzaron a circular durante 2024, en medio de una fuerte disputa política y financiera entre la administración de Quintela y el Gobierno nacional.
En aquella oportunidad fueron utilizados para complementar el pago a empleados públicos y posteriormente se habilitó un sistema de rescate mediante el cual los tenedores podían convertirlos en pesos.
El esquema contemplaba incluso mecanismos de rescate anticipado para los comercios, con acreditación bancaria en un plazo de hasta 48 horas hábiles.
La experiencia también dejó una estructura comercial preparada para recibir nuevamente los bonos. En aquella etapa, la Provincia estableció mecanismos de adhesión, rescate y control para evitar que los comercios cobraran recargos o aplicaran valores diferentes a la paridad oficial.
¿Una herramienta contra el ajuste o una cuasimoneda?
La decisión vuelve a instalar una discusión que excede la cuestión salarial.
Para el Gobierno riojano, los Chachos representan una herramienta para ampliar la capacidad financiera de la Provincia, sostener los ingresos de los trabajadores y estimular el consumo, particularmente en un escenario de restricciones presupuestarias y menor disponibilidad de recursos nacionales.
Desde esa perspectiva, la emisión de más de $4.000 millones busca evitar que la reducción del poder adquisitivo termine profundizando la caída del consumo local.
Pero el mecanismo también genera cuestionamientos. El principal interrogante gira en torno a la diferencia entre recibir pesos de curso legal y recibir un bono que debe ser utilizado dentro de un circuito determinado y cuyo rescate depende de las condiciones establecidas por el Gobierno provincial.
Ese debate se vuelve especialmente relevante porque los trabajadores reciben los Chachos como parte de su remuneración y luego deben encontrar comercios dispuestos a aceptarlos.
El comercio queda en el centro de la estrategia
La efectividad del sistema dependerá, en buena medida, de la cantidad de comercios que acepten los bonos y de la posibilidad de convertirlos posteriormente en pesos.
El Gobierno ya trabaja sobre el esquema utilizado en 2024 y analiza nuevamente la habilitación de bocas de pago y rescate para facilitar las operaciones.
En la experiencia anterior, los comerciantes podían optar por utilizar los Chachos dentro del circuito económico provincial o solicitar su rescate en pesos. Esa posibilidad permitió que los bonos continuaran circulando sin quedar necesariamente inmovilizados en manos de quienes los recibían.
Una pulseada política con Milei de fondo
La decisión también tiene una fuerte lectura política.
Quintela ha convertido la defensa de los recursos provinciales y el rechazo al ajuste nacional en uno de los ejes de su discurso. La reedición de los Chachos funciona, en ese contexto, como una demostración de autonomía financiera frente a un Gobierno nacional que sostiene una política de reducción del gasto y equilibrio fiscal.
La administración riojana plantea que, frente a la caída de los recursos disponibles, la Provincia debe utilizar todas las herramientas a su alcance para sostener los salarios y el consumo.
Los críticos, en cambio, cuestionan que una provincia recurra nuevamente a una cuasimoneda para afrontar compromisos que deberían ser cancelados en pesos.
La discusión recién comienza, pero el dato económico es concreto: más de $4.000 millones en Chachos volverán a ingresar al circuito comercial riojano, mientras el Gobierno apuesta a que esos bonos se transformen en consumo, actividad y movimiento económico.
La pregunta que queda abierta es si esta nueva emisión será un mecanismo transitorio para atravesar una coyuntura financiera o si terminará consolidándose como una herramienta permanente de financiamiento provincial.
La Rioja vuelve a experimentar con su propia moneda. Y esta vez lo hace en medio de una pulseada política y económica todavía más profunda entre la Provincia y la Nación.