La historia reciente de la Curtiembre de Nonogasta se ha convertido en uno de los ejemplos más cuestionados de intervención estatal en La Rioja. Lo que fue presentado como una solución para preservar las fuentes laborales terminó derivando en el cierre de la planta, una millonaria pérdida de recursos públicos y más de 100 trabajadores que aún esperan cobrar las indemnizaciones que les corresponden.
Durante sus años de esplendor, la curtiembre llegó a emplear a más de 1.000 trabajadores de manera directa e indirecta, convirtiéndose en el principal motor económico de Nonogasta y una de las industrias más importantes del oeste riojano. Su actividad sostenía a cientos de familias y generaba movimiento comercial en toda la región.
Sin embargo, la crisis empresarial derivó en la decisión política de avanzar con la expropiación del establecimiento por el gobierno de La Rioja, bajo el argumento de garantizar la continuidad productiva y proteger los puestos de trabajo. Con el paso de los años, los resultados estuvieron muy lejos de las promesas iniciales.
La mala gestión estatal no logró recuperar la competitividad de la planta ni atraer inversiones suficientes para sostener la producción. Los sucesivos anuncios de reactivación nunca alcanzaron los objetivos planteados y la actividad fue disminuyendo progresivamente hasta desembocar en un escenario de paralización y cierre.
El impacto social fue devastador. Más de un centenar de trabajadores quedaron sin empleo y, según denuncian desde hace años, sin percibir las indemnizaciones que les corresponden por ley. Muchos de ellos agotaron instancias administrativas y judiciales sin obtener respuestas concretas, mientras sus familias enfrentan graves dificultades económicas.
La situación también reavivó el debate sobre el costo que tuvo para los riojanos la expropiación de la curtiembre. Diversos sectores cuestionan que se hayan destinado importantes recursos públicos a una empresa que finalmente no logró sostener su funcionamiento, mientras los principales perjudicados terminaron siendo los propios trabajadores.
A más de una década de aquellas decisiones, la imagen de una planta prácticamente inactiva contrasta con el recuerdo de la época en que miles de personas encontraban allí una fuente de trabajo. Para muchos vecinos de Nonogasta, la curtiembre representa hoy el símbolo de una oportunidad perdida, de promesas incumplidas y de una gestión que no logró evitar el derrumbe de una industria clave para la economía regional.
Mientras tanto, los ex empleados continúan reclamando lo mismo que vienen exigiendo desde hace años: el pago de las indemnizaciones adeudadas y una respuesta definitiva a un conflicto que sigue abierto y que dejó profundas heridas en la comunidad.
En el 2022, el gobernador Quintela anunció la reactivación de la curtiembre.
Hoy, la Justicia riojana decretó la quiebra de Curtume CBR S.A., firma que durante varios años estuvo vinculada a la administración de la curtiembre de Nonogasta, en el departamento Chilecito. La medida fue adoptada por la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial.
La causa había sido iniciada en 2022 por el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.. En la resolución, la jueza Karina Anabella Gómez designó al estudio contable Casas-Alarcón para desempeñarse como sindicatura y estableció que los acreedores tendrán plazo hasta el 15 de septiembre de 2026 para solicitar el reconocimiento de sus créditos.
El proceso establece además que el informe individual deberá ser presentado el 15 de octubre, mientras que el informe general tendrá como fecha límite el 16 de noviembre. La resolución también dispone que la empresa, sus responsables y cualquier tercero que tenga bienes o documentación de Curtume CBR deberán ponerlos a disposición del síndico.