La intendenta del departamento Rosario Vera Peñaloza, contadora Laura Carrizo Arce, brindó detalles sobre la implementación del pago en Chachos y el incremento salarial destinado a los trabajadores contratados del municipio.
Según informó la jefa comunal, el municipio cuenta actualmente con 740 empleados contratados que recibirán una mejora salarial de $30.000, compuesta por $13.000 en efectivo y aproximadamente $17.000 en Chachos.
Carrizo Arce explicó que la Provincia reconoce oficialmente a 250 contratados para la asignación de los fondos destinados a la distribución de Chachos, enviando para ese fin un total de $12.500.000 en la moneda provincial. Sin embargo, la administración municipal decidió repartir esos recursos entre la totalidad de los 740 trabajadores contratados, garantizando que todos perciban el beneficio.
De esta manera, cada contratado recibirá alrededor de $17.000 en Chachos, monto que se suma al incremento en efectivo dispuesto por el municipio.
La medida busca ampliar el alcance del beneficio y evitar diferencias entre trabajadores que cumplen funciones dentro de la estructura municipal, en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades financieras que atraviesan los municipios del interior provincial.
Cronograma de pago de Chachos
La Municipalidad de Rosario Vera Peñaloza también dio a conocer el calendario establecido para la entrega de los bonos provinciales:
- Empleados de Educación: cobrarán el jueves 20 de agosto, desde las 08:30 horas y durante toda la jornada, en la sede partidaria ubicada sobre avenida 9 de Julio, frente a la oficina de ANSES.
- Empleados municipales: percibirán los Chachos el 24 de agosto en el edificio municipal.
- Trabajadores contratados: cobrarán el 25 de agosto en el edificio municipal.
- Efectivos policiales: recibirán los Chachos en sus respectivas comisarías.
La implementación de los Chachos forma parte del esquema impulsado por el Gobierno provincial para afrontar obligaciones salariales y sostener el movimiento económico dentro de La Rioja, una medida que continúa generando debate sobre su impacto en el consumo, el comercio y el poder adquisitivo de los trabajadores.