Se cumplen casi nueve meses desde que EL FEDERAL difundió una de las denuncias más impactantes de la historia reciente de La Rioja: los videos que muestran un operativo realizado el 23 de noviembre de 2015, apenas un día después del triunfo electoral de Mauricio Macri, en el que funcionarios vinculados al entonces gobernador Luis Beder Herrera retiraron cajas con dinero desde una puerta lateral del Banco Rioja.
Las imágenes, publicadas por este medio el 22 de noviembre de 2025 junto con el testimonio de un testigo directo de los hechos, mostraron una secuencia que durante años circuló como rumor en ámbitos políticos y bancarios, pero que jamás había sido expuesta públicamente con semejante nivel de detalle. Los videos exhiben la salida de diez cajas que, según la denuncia, contenían grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de fondos nacionales destinados a programas de viviendas y otras políticas públicas.
El material audiovisual identifica como uno de los organizadores del operativo al contador Alejandro Ticac, ex empleado del Banco Rioja y posteriormente funcionario del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Ricardo Guerra. Según el relato aportado a este medio, el procedimiento se realizó fuera del horario bancario, con custodia policial y luego de que se ordenara apagar cámaras internas de la entidad.
Sin embargo, pese a la gravedad institucional de las imágenes y a la relevancia que podrían tener para esclarecer el destino de millonarios fondos públicos, el juez federal Daniel Piedrabuena continúa sin incorporar formalmente este material a la causa vinculada a las fundaciones y ONG que recibieron recursos estatales y posteriormente retiraron importantes cantidades de dinero en efectivo.
La situación genera cada vez más interrogantes. A casi nueve meses de la publicación de los videos, no existen explicaciones públicas sobre las razones por las cuales semejante evidencia documental permanece al margen de una investigación que justamente busca determinar el recorrido y utilización de fondos nacionales durante aquellos años.
Resulta difícil comprender cómo una causa que pretende esclarecer el manejo de recursos públicos puede ignorar un documento fílmico que muestra movimientos de dinero de magnitud, realizados en circunstancias que, según los denunciantes, fueron absolutamente excepcionales y alejadas de los procedimientos habituales de una entidad bancaria.
Para numerosos observadores, el silencio judicial ya no puede atribuirse únicamente a la lentitud de los expedientes. La falta de avances respecto de estos videos alimenta sospechas sobre una protección política que durante décadas habría beneficiado a sectores vinculados al poder provincial. Las históricas relaciones políticas e institucionales entre Daniel Piedrabuena y el espacio liderado por Beder Herrera vuelven inevitable la pregunta sobre la imparcialidad con la que se está conduciendo esta investigación.
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Mientras tanto, los videos continúan existiendo. Fueron publicados, observados por miles de riojanos y nunca desmentidos por quienes aparecen señalados en la denuncia. Tampoco se conocieron investigaciones profundas destinadas a determinar quién ordenó el operativo, cuál era el origen exacto de los fondos transportados y cuál fue finalmente el destino de ese dinero.
A casi una década de los hechos y a nueve meses de la revelación periodística de EL FEDERAL, la principal pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Justicia Federal continúa ignorando una prueba que podría resultar clave para reconstruir uno de los episodios más oscuros del manejo de fondos públicos en la historia de La Rioja?