Por Angel Flores
La Cámara Federal de Córdoba revocó el procesamiento de Paredes Urquiza, dejó sin efecto su embargo y dictó la falta de mérito. La decisión vuelve a poner bajo la lupa una investigación que lleva más de una década y las actuaciones del juez Piedrabuena y la fiscal Virginia Carmona. Mientras tanto, diez personas murieron y las respuestas siguen sin llegar.
Villa Castelli vuelve a sacudir a la Justicia.
Más de una década después de la tragedia de los helicópteros, la causa continúa dando vueltas en los tribunales y las resoluciones judiciales vuelven a cambiar el escenario.
Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el procesamiento de Alberto Nicolás Paredes Urquiza, dejó sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes y dictó su falta de mérito.
La decisión modifica sustancialmente lo resuelto en mayo de 2025 por el juez federal Piedrabuena.
Y deja una pregunta que resulta imposible esquivar:
¿Cómo se llegó a procesar a una persona si ahora la Cámara considera que no existen pruebas suficientes para sostener ese procesamiento?
No es una cuestión menor.
La defensa de Paredes Urquiza sostuvo durante el proceso que nunca apareció en el expediente una comunicación, mensaje, correo electrónico, orden escrita o instrucción que demostrara que hubiera participado en la organización del vuelo.
La Cámara, al revisar la causa, terminó revocando su procesamiento.
Entonces corresponde preguntar:
¿Qué elementos concretos llevaron al juez Piedrabuena a procesarlo?
¿Qué pruebas presentó la acusación?
¿Cuáles fueron los fundamentos que ahora quedaron debilitados frente al análisis de la Cámara Federal?
Y hay otra pregunta inevitable:
¿Quién controla a quienes investigan a los investigadores?
La fiscal federal Virginia Carmona tuvo un papel relevante en el desarrollo de la investigación.
Por eso, la nueva resolución también obliga a revisar la consistencia de la hipótesis acusatoria.
Una investigación penal no puede sostenerse indefinidamente sobre sospechas, interpretaciones o construcciones que luego no consiguen superar el control de un tribunal superior. Si existen pruebas, deben mostrarse. Si existen documentos, deben aparecer. Si existen órdenes, comunicaciones o instrucciones que comprometan a una persona, deben estar incorporadas al expediente.
Y si esas pruebas no existen, la sociedad tiene derecho a preguntarse por qué se llegó hasta un procesamiento.
Esto no significa defender a nadie. Significa exigir algo mucho más importante: Justicia
La resolución no sólo modificó la situación de Paredes Urquiza.
También revocó la falta de mérito de Hugo Daniel Gorkich y ordenó su procesamiento como presunto autor de estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en modalidad omisiva.
En cambio, confirmó la falta de mérito de Gustavo Ariel Gordonas, Carola Rebeca Iujvidin y Mariano Rafael Platero, y mantuvo el sobreseimiento de Álvaro Daniel Del Pino.
Una causa.
Diez víctimas.
Más de una década de investigación.
Y un escenario judicial que vuelve a cambiar.
¿Y las 10 víctimas?
Este es el punto que no puede perderse de vista.
En aquel accidente murieron diez personas.
Diez familias quedaron destruidas.
Y después de tantos años todavía existen interrogantes fundamentales sobre las circunstancias que rodearon aquella operación aérea.
Mientras los expedientes cambian de rumbo, las familias necesitan respuestas.
No necesitan una condena fabricada para cerrar un expediente.
Tampoco necesitan un culpable elegido para satisfacer a la opinión pública.
Necesitan saber qué ocurrió, quién tomó cada decisión, qué controles existieron, qué advertencias pudieron haber sido ignoradas y quién tenía responsabilidad sobre la operación.
El Federal Online lo investigó cuando nadie lo hacía
Desde el comienzo de esta historia, El Federal siguió el caso, investigó sus antecedentes y puso bajo la lupa aspectos que durante años quedaron relegados.
Por eso esta nueva resolución merece ser mirada con especial atención.
Porque cuando un tribunal superior revoca un procesamiento, no sólo cambia la situación de un imputado. También obliga a revisar el camino recorrido.
Y aquí hay demasiadas preguntas.
¿Fue correcta la decisión de Piedrabuena?
¿La acusación de la fiscalía estuvo realmente respaldada por pruebas suficientes?
¿Por qué después de tantos años la causa continúa sin una explicación definitiva?
¿Quién se hace cargo de los errores si finalmente los hubo?
Porque una cosa es investigar.
Otra muy distinta es procesar a una persona y después no poder sostener ese procesamiento ante la Cámara Federal.
La falta de mérito tampoco significa que Paredes Urquiza haya sido sobreseído definitivamente. La investigación continúa y podrían aparecer nuevas pruebas. Pero el fallo deja algo absolutamente claro:
La historia todavía no está cerrada.
Y quizás sea hora de dejar de mirar solamente a quienes fueron señalados y empezar a mirar también cómo se investigó la tragedia.
Porque después de más de una década, las familias de las víctimas merecen mucho más que expedientes que van y vienen.
Merecen verdad.
Y la verdad, en una causa de esta magnitud, sólo puede construirse con pruebas.
No con sospechas.
No con especulaciones.
No con decisiones que después se derrumban en una instancia superior.
DIEZ PERSONAS MURIERON.
MÁS DE DIEZ AÑOS DESPUÉS, LAS RESPUESTAS TODAVÍA ESTÁN EN EL AIRE.