La Fiscalía ante la Cámara Federal de Córdoba rechazó el intento de trasladar a la justicia provincial una de las investigaciones por presunta corrupción y lavado de activos más importantes vinculadas a fondos nacionales enviados a La Rioja. El Federal siguió esta causa desde sus inicios y ahora se confirma un nuevo revés para los acusados, quienes buscaban apartar al fuero federal cuando la investigación ya acumula casi una década.
La causa investiga el destino de millonarios recursos girados entre 2013 y 2016 por el entonces Ministerio de Planificación Federal de la Nación para la construcción de viviendas, mejoramiento de barrios vulnerables y distintas obras comunitarias en la provincia de La Rioja.
Según la investigación impulsada por organismos especializados como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), gran parte de esos fondos habrían sido desviados a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y circuitos financieros que hoy están bajo la lupa de la Justicia.
El intento de cambiar de tribunal fue rechazado
Las defensas de varios imputados habían solicitado que el expediente fuera remitido a la Justicia Provincial de La Rioja, argumentando que se trataba de cuestiones vinculadas exclusivamente a la administración de recursos locales.
Sin embargo, tanto el juez instructor como la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Córdoba rechazaron esa postura.
Para los fiscales, el núcleo de la investigación no se limita a posibles irregularidades administrativas, sino que apunta a determinar la existencia de una compleja maniobra de fraude al Estado y posterior lavado de activos, delitos que corresponden claramente a la órbita federal.
La Fiscalía advirtió además que enviar el expediente a otro fuero después de tantos años de investigación podría generar demoras adicionales y poner en riesgo el avance de la causa.
Fondos para viviendas que nunca aparecieron
La investigación sostiene que importantes partidas nacionales destinadas a obras sociales y habitacionales no habrían tenido el destino previsto.
Entre los principales hallazgos que motivaron la causa figuran:
- Obras comprometidas que nunca se concretaron.
- Fondos retirados en efectivo o transferidos mediante mecanismos considerados sospechosos.
- Rendiciones de cuentas que ahora son contrastadas con la existencia real de las obras.
- Posibles maniobras de ocultamiento y circulación del dinero a través de estructuras asociativas y empresariales.
Por ese motivo, la acusación fue más allá de una simple irregularidad administrativa y derivó en una investigación por presunto lavado de activos.
Una investigación de enorme magnitud
La causa se ha transformado en uno de los expedientes más voluminosos relacionados con el manejo de fondos públicos enviados a La Rioja.
Entre los datos más relevantes aparecen:
- 71 imputados en total.
- 42 personas físicas investigadas.
- 29 entidades, entre fundaciones, ONG y empresas.
- Peritajes contables realizados por especialistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Análisis de movimientos bancarios, reportes de operaciones sospechosas y documentación secuestrada en distintos procedimientos.
Los investigadores buscan reconstruir el recorrido completo de cada partida enviada desde Nación para determinar quién recibió el dinero, cómo fue utilizado y si efectivamente llegó a las obras para las cuales había sido asignado.
Un expediente que El Federal siguió desde el comienzo
Desde los primeros avances de la investigación, El Federal informó sobre las denuncias, los informes de los organismos antilavado y las distintas resoluciones judiciales que marcaron el rumbo de la causa.
La decisión de la Fiscalía ante la Cámara Federal de Córdoba representa un nuevo respaldo a la continuidad de la investigación en el ámbito federal y evita, por ahora, un cambio de jurisdicción que podría haber generado nuevos retrasos en un expediente que ya lleva cerca de diez años de trámite.
Con este pronunciamiento, la Justicia Federal mantiene el control de la causa y avanza hacia una etapa clave para determinar las responsabilidades de funcionarios, dirigentes, fundaciones y organizaciones que aparecen mencionadas en la presunta maniobra de desvío y lavado de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables de La Rioja.