Una pelea escolar derivó en la apertura del primer expediente formal contra un adolescente tras la baja de la edad de punibilidad. Desde la Defensa Pública advierten que situaciones cotidianas entre estudiantes ahora pueden generar antecedentes judiciales y reclaman cambios urgentes en el sistema educativo.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil ya comenzó a mostrar sus primeras consecuencias concretas en La Rioja. Por primera vez desde la implementación de la reforma nacional, un adolescente de 14 años fue formalmente imputado por el delito de lesiones leves luego de una pelea ocurrida en el ámbito escolar.
El caso marca un precedente en la provincia porque, hasta hace pocas semanas, situaciones de estas características eran abordadas mediante la intervención de directivos escolares, acuerdos entre las familias y mecanismos de mediación. Ahora, en cambio, la disputa derivó en la apertura de un expediente penal.
Si bien el joven no fue privado de la libertad debido a que se trata de un delito excarcelable, la causa quedó registrada en el sistema judicial, obligando al menor a contar con asistencia legal y a quedar bajo supervisión de los organismos competentes.
La causa expone uno de los aspectos más debatidos de la nueva legislación: la ampliación de la responsabilidad penal juvenil para una extensa cantidad de delitos contemplados en el Código Penal.
Desde la Defensa Pública sostienen que la discusión nacional estuvo centrada en hechos graves vinculados a la violencia urbana, pero que la aplicación práctica de la norma alcanza también conductas mucho más frecuentes en la vida cotidiana de adolescentes y estudiantes.
El defensor general de La Rioja, Gastón Mercado Luna, advirtió que el alcance de la reforma excede ampliamente los casos de criminalidad violenta.
“El debate público nacional se construyó pensando únicamente en el menor que empuña un arma en el conurbano bonaerense, pero en la práctica abarca más de 220 conductas. Una pelea escolar o la difusión no consentida de fotos privadas por celular hoy disparan un proceso penal que deja un antecedente que perjudicará su inserción laboral de adulto”, sostuvo.
Alerta por la falta de preparación
Mercado Luna también cuestionó la falta de preparación institucional para afrontar la nueva realidad jurídica.
Según explicó, muchos adolescentes desconocen por completo cuáles son las conductas que pueden constituir delitos y cuáles son las consecuencias de un proceso penal.
“A los chicos no se les explica qué es un delito; le temen más a que les retiren el teléfono que a la sanción judicial. No podemos limitarnos a esperar que caigan detenidos para defenderlos en juicio”, señaló.
El funcionario advirtió además que las provincias no cuentan con estructuras suficientes para acompañar la implementación de la reforma, especialmente en materia preventiva y educativa.
Frente a este escenario, el defensor general propuso incorporar contenidos de formación cívica y legal en los últimos años de la escuela primaria y profundizarlos en el nivel secundario.
La iniciativa apunta a que los adolescentes conozcan las consecuencias jurídicas de determinadas conductas y reciban información mediante formatos compatibles con los entornos digitales que utilizan diariamente.
La primera imputación de un menor de 14 años en La Rioja reabre el debate sobre el impacto real de la baja de la edad de punibilidad y la capacidad de las provincias para aplicar una reforma que ya comenzó a producir efectos concretos en las aulas.
Mientras el Gobierno nacional impulsa una política de mayor responsabilidad penal juvenil, desde distintos sectores advierten que la judicialización temprana de conflictos escolares y conductas propias de la adolescencia podría generar consecuencias de largo plazo sin que existan mecanismos preventivos, educativos y sociales suficientes para evitar que esos casos lleguen a los tribunales.