La presentación fue realizada por el periodista Ángel Flores, director de El Federal Online, y quedó registrada bajo el expediente 220/2026. El planteo solicita que se investigue la actuación del magistrado Daniel Herrera Piedrabuena en la causa 5152/2016, vinculada con el presunto desvío de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales. El expediente se encuentra en el Comité de Asignación, a la espera de su remisión a Disciplina o Acusación.
La causa de las ONG en La Rioja suma un nuevo capítulo institucional. El periodista y director de El Federal Online, Ángel Flores, presentó una denuncia contra el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuestionando su actuación en el expediente 5152/2016 del Tribunal Oral Federal de La Rioja.
La presentación ingresó el 29 de octubre de 2026 y fue identificada como expediente 220/2026, bajo la carátula: “Flores Ángel Alfredo c/ Dr. Daniel Herrera Piedrabuena (juez federal) en causa 5152/2016”.
De acuerdo con el estado administrativo informado, el expediente se encuentra radicado en el Comité de Asignación, integrado por Maques y Grau, y está pendiente de remisión al área de Disciplina o Acusación, donde deberá evaluarse su eventual tratamiento.
El planteo de Flores tiene como uno de sus principales antecedentes los videos difundidos en exclusiva por El Federal Online, que muestran el retiro de al menos diez cajas del Banco Rioja el 23 de noviembre de 2015, durante el gobierno de Luis Beder Herrera.
Las imágenes registran movimientos dentro de la entidad bancaria y la posterior salida de las cajas por una puerta lateral, con intervención de varias personas y custodia policial a un auto particular. Según el testimonio de una fuente que aportó el material a este medio, las cajas contendrían importantes cantidades de dinero en efectivo.
La misma fuente estimó que el monto transportado podría rondar los 800 millones de pesos y sostuvo que los fondos estaban vinculados con partidas nacionales destinadas a programas públicos, viviendas y organizaciones no gubernamentales.
Se trata de afirmaciones que requieren corroboración judicial, pero que adquieren relevancia en el contexto de la investigación por el presunto desvío de fondos públicos mediante fundaciones y ONG.
De hecho, la investigación sobre las organizaciones riojanas ya había tomado dimensión nacional. En noviembre de 2025, La Nación informó que la causa investigaba un presunto desvío de unos 800 millones de pesos, con 228 personas físicas imputadas y alrededor de 30 personas jurídicas involucradas.
¿Por qué los videos no fueron incorporados a la investigación?
Uno de los puntos centrales de la presentación ante el Consejo de la Magistratura es determinar si existieron actuaciones u omisiones judiciales en relación con el material audiovisual difundido por este medio.
Flores solicita que se requieran los antecedentes correspondientes y se examine la actuación del magistrado en el marco de la causa 5152/2016, para establecer si existieron circunstancias que pudieran configurar un supuesto de mal desempeño.
La cuestión no es menor: si las imágenes registran un movimiento de dinero relacionado con las organizaciones investigadas, corresponde determinar si ese material fue evaluado, si se consideró pertinente su incorporación y qué decisiones se adoptaron al respecto.
La denuncia no implica una declaración de responsabilidad del magistrado ni anticipa una sanción. Será el Consejo de la Magistratura el que deberá analizar los antecedentes y resolver si corresponde abrir una instancia disciplinaria o de acusación.
El episodio del Banco Rioja ocurrió en noviembre de 2015, en un contexto de denuncias sobre operaciones millonarias en efectivo realizadas por organizaciones no gubernamentales.
Ya en 2016, medios nacionales informaban sobre irregularidades detectadas en 96 entidades y sobre aproximadamente 570 millones de pesos recibidos por 15 de ellas en un período de 18 meses, con más de 300 millones retirados en efectivo, según las denuncias de entonces.
Diez años después, el destino de aquellos fondos y las responsabilidades correspondientes continúan siendo materia de investigación y debate judicial.
Ahora, la denuncia presentada por el director de El Federal Online abre otra instancia: el examen de la actuación del juez que intervino en la causa y el tratamiento que recibieron los elementos audiovisuales que este medio hizo públicos.
La pregunta que permanece abierta es concreta: ¿se investigó suficientemente todo lo que muestran las imágenes del Banco Rioja y se agotaron las medidas necesarias para determinar el destino del dinero?
El expediente 220/2026 deberá dar sus primeros pasos en el Consejo de la Magistratura. La sociedad riojana tiene derecho a conocer qué ocurrió con los fondos públicos y qué respuestas puede ofrecer la Justicia.
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