*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL

El secretario de Gobierno del departamento Felipe Varela, Luis Narváez, fue contratado para realizar una obra pública, en contra de lo que ordena la ley que regula el empleo público en La Rioja. Podría haber cometido un delito.

El propio Narváez, que responde políticamente al intendente Yamil Sarruff, reconoció en diálogo con EL FEDERAL que él realizó parte de la remodelación de la Escuela 18, en Villa Unión y otras obras realizadas en el departamento.

Según explicó Narváez, la millonaria obra de refacciones fue licitada y adjudicada a un tal «Emilio Alcaraz», quien lo subcontrató. Quedó en enviar toda la documentación pertinente a esta redacción, pero al cierre de esta nota no lo había hecho.

El funcionario alegó que su sueldo es bajo, de apenas 35 mil, y que todos los funcionarios suelen tener un trabajo privado en su tiempo libre para complementar. Deslizó, además, que antes había realizado otras obras.

Al ser consultado el valor de las obras, Narváez dijo no saber del tema y que solo lo sabe el intendente (Sarruf). Según fuentes de EL FEDERAL, el secretario de gobierno ha realizado varias obras en el departamento, y para la remodelación de la escuela 18, se indicó que el valor de la obra alcanzaría el millón de pesos.

«Soy un hombre humilde, vengo de muy abajo, y solo trabajo para la gente y para quien lo necesite», dijo a nuestro medio.

Foto donde se lo ve al Secretario de Gobierno Narváez y con capucha, al director de Prensa de la municipalidad

Sin embargo, lo que hizo violaría el artículo 62 del Estatuto para el personal de la Administración Pública de La Rioja, consagrado en la ley 3870, que en su inciso C prohíbe a los funcionarios públicos «recibir, directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebradas u otorgadas por la Administración Pública Provincial o Municipal».

A su vez, podría haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, tipificado en el artículo 265 del Código Penal, que establece una pena de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación especial de por vida para ejercer cargos públicos, además de una multa, al «funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo».

Los funcionarios públicos no pueden intervenir como privados en las obras públicas porque se busca garantizar la transparencia del destino del dinero. Tal es así que cuando asumen, suelen deshacerse de sus empresas si tienen intereses vinculados al Estado.

Un caso paradigmático es el del ex presidente Mauricio Macri, pero sin ir más lejos, pasó en Los Llanos riojanos con el actual intendente Cristian Pérez y el diputado Antonio «Flecha» Godoy, que antes de asumir transfirieron su empresa CES SRL, que sería contratista de EDELaR, a personas que serían familiares.

Para cerrar, una curiosidad. La educación en el departamento Felipe Varela fue noticia hace recientemente, también por algo negativo, cuando este medio publicó fotos del calamitoso estado en que se encontraba el edificio en la primera semana de presencialidad de los estudiantes en las aulas. El artículo fue replicado en medios nacionales, como TN.

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