[REDACCIÓN EL FEDERAL] A mediados de septiembre, un grupo de alumnos de la sede de Villa Unión de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) denunció que cursaron y rindieron exámenes durante más de año para la segunda parte de la carrera de Licenciatura en Enfermería, que no estaba autorizada para ser dictada en esa sede, por lo que literalmente desperdiciaron tiempo, esfuerzo y dinero. Ahora pidieron que el rector Fabián Calderón sea citado a indagatoria y sugirieron que el armado de la carrera pudo ser una estrategia para ganar las elecciones.

El abogado que representa a siete de los 38 alumnos que habrían sido perjudicados presentó una ampliación de su denuncia. Entre otras cosas, en el escrito al que accedió EL FEDERAL hizo un repaso de la responsabilidad de Calderón en base al estatuto de la universidad y subrayó el silencio que mantuvo el rector a pesar del escándalo.

Además, pidió que se investigue el trasfondo de lo ocurrió, pues cree que podría haberse tratado de una maniobra del calderonismo para ganar las elecciones universitarias en Villa Unión, que se estaban por desarrollar cuando se anunció la carrera. En concreto, advirtió que «las autoridades de la sede formaban parte del partido o lista del rector», y que “coincidentemente a dicho proceso, se matriculó a todos los perjudicados y se les solicitó que votasen, y supuestamente dicha sede fue la única o casi la única en la cual se ganó las elecciones por el estamento estudiantil del partido de los funcionarios denunciados, por una diferencia mínima de unos 20 ó 30 votos”.

La denuncia

La carrera de Enfermería en la UNLaR tiene dos tramos. El primero está compuesto por tres años, luego del cual se puede acceder al título intermedio de “Enfermero universitario”. Esa primera parte está autorizada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para ser dictada en la sede de Villa Unión. Sin embargo, para acceder a la licenciatura los estudiantes deben completar los últimos dos años en la sede de la capital provincial o en Chamical.

Según la presentación a la que accedió este medio y a los dichos del abogado, los denunciantes son todos alumnos que realizaron el primer tramo en Villa Unión y a quienes a principios de 2017, el decano de la sede, Silvio Santillán, les informó que podían completar la licenciatura allí, por lo que se inscribieron. En total, serían 38 los alumnos los perjudicados. De acuerdo a la denuncia, cursaron a lo largo de 2017 cinco materias y rindieron exámenes parciales y finales hasta marzo de 2018.

“Se hizo creer a mis pupilos que cursaban una carrera que ya estaba aprobada por la CONEAU”, lamentó el abogado.

Entre los documentos presentados para acreditarlo hay libretas universitarias, actas de exámenes y planillas de asistencia de docentes, así como también un informe de fin de año firmado por el decano sobre los resultados de la cursada.

Ampliación de la denuncia

Además de repasar el estatuto de la UNLAR y las responsabilidades del rector, el abogado querellante advirtió que a los alumnos, cuando estalló el escándalo, se les canceló sus matrículas y legajos, y se los trasladó “arbitrariamente, y sin ningún tipo de consentimiento ni autorización por parte de ellos a la sede de capital de la Universidad Nacional de la Rioja, a pesar de ser dicho trámite de carácter personal”. Y destacó que esa maniobra no se podría haber hecho sin el aval de Calderón, que estaba al tanto y habría participado de una reunión con los estudiantes sobre el tema.

Recordó, además, que luego de ese traslado se enteraron que tampoco podían continuar la carrera en la capital y que no les iban a reconocer ninguna materia. Dijo que hasta el día de hoy a los perjudicados no se les notificó ni explicó cuál fue el problema.

Ante ello, el abogado pidió la “inmediata citación a indagatoria de los supuestos responsables”. En el caso de Calderón, demandó que se lo impute por el delito de omisión de los deberes de funcionario pública. Y solicitó que se les ordene a todos los acusados la inhibición de bienes y se les trabe un embargo por 30 millones de pesos.

La causa está en el Juzgado Federal de La Rioja y el expediente quedó a cargo de la fiscal Virginia Núñez Carmona. Fuentes judiciales indicaron que hubo un retraso tras la denuncia, pero que el juez Daniel Piedrabuena ya ordenó que se remita la prueba documental a la fiscalía para que dictamine y decida si imputa a los acusados y los cita a indagatoria.