[REDACCIÓN EL FEDERAL] A fines de marzo de 2020, por la pandemia la justicia frenó una serie de declaraciones que se iban a realizar en la causa por el accidente de helicópteros de Villa Castelli, en el que murieron 10 personas. Las audiencias nunca se reprogramaron y desde entonces, según confirmaron fuentes judiciales a EL FEDERAL, el expediente no se volvió a mover. Hoy se cumplen 7 años de la tragedia.
La fiscal federal Virginia Carmona había sorprendido cuando en diciembre de 2019 presentó un pedido, concedido por el juez Daniel Herrera Piedrabuena, para citar a declaración indagatoria al ex intendente Alberto Paredes Urquiza, llamar a ampliar sus testimonios a los cinco imputados y pedir la captura internacional del ciudadano sueco Peter Högberg, encargado de la seguridad y logística del reality show que se estaba filmando cuando se produjo el accidente.
EL FEDERAL había revelado declaraciones y documentos que comprometían tanto a Parades Urquiza como a Högberg. Las indagatorias estaban previstas para fines de marzo, pero fueron suspendidas por la feria judicial extraordinaria por la pandemia nunca se reprogramaron. La fiscal Carmona no lo pidió. Tampoco lo ordenó el juez Herrera Piedrabuena.
Además de Paredes Urquiza y el ciudadano sueco, la causa tiene otros cinco imputados: el todavía director de Aeronáutica de la provincia y uno de los artífices de la creación de la empresa Alas La Rioja, Daniel Gorkich, el ex secretario de Turismo, Álvaro Del pino, el agente de turismo Mariano Platero y los titulares de la productora Ifixit, Gustavo Gordonas y Carola Iujvidin.
El accidente se produjo el 9 de marzo de 2015 en Villa Castelli, durante la filmación del reality show Dropped, a cargo de la productora francesa ALP. Intervinieron los helicópteros sanitarios de La Rioja y Santiago del Estero, que habían sido cedidos en virtud de un acuerdo. Al ser aeronaves públicas, no podían ser utilizados con fines comerciales. Fallecieron los dos pilotos argentinos y ocho ciudadanos franceses.
El delito que se le imputó a los siete acusados es estrago culposo, que tiene una pena de 1 a 5 años de prisión cuando alguna persona resulta lesionada o muerta. En el caso de Paredes Urquiza, al momento del accidente era el Secretario Legal y Técnico del Gobierno y ordenó que el contrato de cesión del helicóptero sea protocolizado, pese a que no era legal el uso de una aeronave pública con fines privados.
La justicia nunca investigó los posibles negociados que había detrás de la cesión del helicóptero. Este medio reveló que la nave se había usado, según fuentes, docuementos y fotografías a las que accedió, para filmar una publicidad en Jujuy o llevar a dos multimillonarios estadounidenses a un coto de caza en Salta, entre otros vuelos irregulares. Algunos registros del helicóptero fueron robados, pero bastaría enviar un oficio a las torres de control de los aeropuertos que intervinieron, incluido el de La Rioja, para comprobarlo. Sólo se necesita buena voluntad.
“No hay forma de destrabar la causa. A la justicia federal riojana no le interesa la justicia”. La frase la dijo hace unos meses una fuente interesada en que la causa avance. Al parecer, tenía razón.
SEGUÍ LEYENDO: