*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE
Alejandro Bravo era tatuador y sus amigos le decían “Caniska”. Su autopsia arrojó que murió por los golpes que recibió tras ser detenido por la policía de La Rioja y llevado a la alcaidía de la capital provincial. EL FEDRAL ONLINE publica por primera vez en esta nota algunas de las últimas imágenes que se conocen de él con vida. Se lo ve en la calle, nervioso, escapando de alguien, golpeando puertas de casas e intentando hacer sonar las alarmas de los vehículos. ¿Qué había ocurrido?
Según la reconstrucción de la querella, Bravo había ido a visitar a un amigo y alrededor de las 5.30 de la madrugada del 22 de enero del año pasado inició la vuelta a su casa a pie, porque no había taxis ni remises por la cuarentena. Ese fue su único “pecado”. Por motivos que no están del todo claro, empezó a escapar. La familia sospecha que sus perseguidores eran el policía Nicolás Ochoa y el militar Oscar Ríos, ambos de civil e imputados en la causa. El propio militar en la reconstrucción es ubicó en la escena. También, según las fuentes, al menos una testigo dijo que los vio.
En la querella creen que le robaron. Y que por eso empezó a golpear las puertas de las casas, entre ellas, la de Ochoa, quien lo habría comenzado a seguir junto a Ríos en una ciudad completamente desolada por la pandemia.
Hace unos meses se conocieron varios audios de llamadas al 911 ocurridas esa noche. En uno se escucha a Alejandro Bravo decir que lo están siguiendo y que lo van a matar. También hay llamados de vecinos relatando eso: que el hombre tocaba la puerta de las casas y pedía ayuda.
Ahora, EL FEDERAL ONLINE publica por primera vez las imágenes que constan en el expediente y en las que se ven a Bravo escapando de algo, pero no está claro de qué. Son cuatro cámaras de seguridad. Este medio armó el siguiente video con un resumen de lo que se ve.
Finalmente el joven fue detenido. La policía dijo que se subió tranquilo a un patrullero, pero durante la reconstrucción una testigo se acercó a la jueza y le dijo que no era cierto, que le pegaron varias patadas.
A Bravo se lo llevaron dos policías: Matías Contreras y José Oviedo, los otros dos imputados. En otras imágenes a las que accedió este medio se ve que el patrullero en el que lo trasladaron ingresó a la alcaidía alrededor de las 6.10 de la mañana.
Por último, en la causa también hay un video del lugar en el que habría sido alojado, donde se ve que hubo mucho movimiento y quedó registrado el momento en el que ingresa una persona, que parecería ser un médico o enfermero, con un tubo de oxígeno.
Alejandro finalmente murió. La policía dijo que se descompensó porque estaba drogado, pero en la grabación del 911 se lo escucha hablar con claridad. También había dicho que fue detenido por robar, algo que no arrojan las imágenes de las cámaras de seguridad ni se desprende de las llamadas de los vecinos. Y circuló la versión de que había sido golpeado por los vecinos, algo que ningún testigo corroboró.
Finalmente la autopsia detectó que murió por golpes que recibió en la cabeza: “hemorragia cerebral subdural, causada por traumatismo de cráneo encefálico”. Tenía, asimismo, lesiones defensivas. La policía había divulgado información falsa.
Todo lo que ocurrió tras la muerte de Bravo parecería ir a tono con el posible encubrimiento de sus asesinos. Porque además de las versiones falsas que hizo circular la policía, el juez Daniel Barría –según la querella– dictó la falta de mérito de los tres policías, es decir, sostuvo que no había pruebas contra ellos, a pesar de los audios y las imágenes. Y ni siquiera había permitido que la querella acceda a la causa. Tampoco había ordenado que se lleven adelante las medidas de pruebas que solicitó la familia, como la citación a testigos.
Esa decisión fue revertida por la cámara de apelaciones, que anuló el fallo de Barría. Sin embargo, la nueva jueza que tiene la causa, María Eugenia Torres, no ordenó que los policías sean nuevamente detenidos, a pesar de que el fallo por el que había sido liberados fue anulado, por lo que deberían volver a prisión.
Por otra parte, según las fuentes consultadas, la jueza Torres mandó a que la autopsia sea revisada en Córdoba, pese a las coincidencias a las que arribaron el médico forense y el perito de parte, únicos profesionales presentes ese día.