[REDACCIÓN EL FEDERAL] En un fallo en el que reconoció que en las cárceles de La Rioja hay celulares y computadoras con acceso a internet, la jueza Karina Cabral liberó a Daniel Cáceres, uno de los dos dueños de Finantech, la empresa acusada de cometer estafas a través de supuestas inversiones en criptomonedas.
El caso llegó a la jueza Cabral, de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, luego de que el abogado de Cáceres, Patricio Moreno Castro, apelara la decisión del juez Daniel Barría de negar la excarcelación del imputado, que está acusado por los delitos de estafa y captación de ahorro público. Por ahora son tres causas, pero fuentes judiciales aseguraron a EL FEDERAL que esta semana se sumarían cuatro más y que se aguardan varias denuncias que esperan –desde hace bastante tiempo– un dictamen del fiscal Martín Onetto, quien no contestó a los mensajes de este medio para evacuar dudas.
En primer lugar, la jueza advirtió que en el caso corresponde la excarcelación por la pena en expectativa, aun si se unificaran las tres causas en su contra. Y alegó que Cáceres no tiene antecedentes y tiene arraigo en la provincia.
Luego la jueza se dispuso a analizar el riesgo de que Cáceres entorpezca la causa estando libre, pues la investigación está en su fase inicial y faltan incorporar pruebas. Barría había dicho que “el riesgo procesal está dado en este caso en que la tecnología utilizada como medio para defraudar puede ser manipulada remotamente por parte del imputado y consecuentemente obstaculizar la pesquisa o incluso propagarse los efectos del ilícito”.
La jueza Cabral sostuvo que Barría no tiene razón, porque “ya se han secuestrado en la causa los elementos tecnológicos utilizados por el acusado” y debido a que “la manipulación remota de tecnología también puede ser provocada en el mismo centro de detención, por cuanto puede seguir operando en la plataforma de trading con el simple acceso a un celular o computadora con internet de los cuales si acceden los reclusos como es de público conocimiento”.
También subrayó que podría seguir operando “su supuesto socio el Sr. Bernede Carlos quien también se encuentra imputado y en libertad”.
Según las fuentes judiciales, Bernede estuvo prófugo durante casi un mes y aun así fue la propia jueza Cabral la que le levantó el pedido de captura, basada en que él no firmaba los contratos con los clientes. Este medio reveló que es socio de la empresa, tal como consta en el Boletín Oficial. Por eso llama la atención que la magistrada hable de “supuesto” socio o que incluso considere que no debería permanecer detenido porque no estaría probada su participación en los hechos que se investigan.
Por otra parte, la jueza consideró que en lugar de la cárcel corresponde una “caución real equivalente al perjuicio económico causado a las víctimas”. En otras palabras, lo solucionó con plata: 6 millones de pesos y 50 mil dólares. Alegó que el interés de la víctima (recuperar el dinero) debe primar por sobre la pena punitiva.
Incluso dio un paso más y, en la dirección contraria a la posición de Barría, la magistrada sostuvo que “es más conveniente que el imputado se encuentre en libertad para continuar realizando operaciones de trading y así poder recuperar el dinero de las víctimas”.
Por último, la jueza, tras opinar que Cáceres debería seguir operando, advirtió que en las operaciones con criptomonedas “cabe la posibilidad de perder un gran porcentaje de su valuación por la tendencia bajista en la que se ha enmarcado en estos últimos meses por cuanto se han visto afectadas por los mismos mercados externos que los mercados de valores”. Mencionó en ese punto “la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania y la tasa de inflación más alta en los últimos 40 años de Estados Unidos en julio que obligó a la FED a endurecer las tasas de interés para evitar una recesión que está a punto de darse en ese país”.
En esa línea, ordenó que esta y todas las investigaciones sobre criptos tengan en cuenta estos aspectos “para no incurrir en injusticias en casos como éstos en los cuales se puede confundir la conducta defraudatoria con los propios riesgos que asumen los que dicen operar con criptomonedas”.
Lo que no queda claro es por qué en otras causas similares, como los casos de Generación Zoe y Adhemar, todos los supuestos responsables están detenidos, mientras que en La Rioja la justicia liberó a los imputados, indicó que deberían seguir operando en un mercado de riesgo para intentar recuperar el capital e incluso, desde el tribunal de alzada, se le indicó al juez de Instrucción cómo tiene que encaminar la investigación en claro beneficio de los acusados.