*Por Juan Pablo Parrilla
Un reclamo laboral de los trabajadores del Concejo Deliberante frenó la sesión del miércoles. En el peronismo apuntan contra el viceintendente Guillermo Galván y a Juntos por La Rioja, mientras que los trabajadores acusan a algunos concejales por maltrato y culpan al Ejecutivo provincial por sus problemas salariales. Esta nota es una crónica de cómo se llegó a este punto y de las versiones de cada sector involucrado.
Lo primero que hay que decir es que el conflicto laboral se inició el año pasado, pero estalló hace pocos días, cuando los trabajadores denunciaron públicamente a algunos concejales por maltrato. Por ahora eligieron no identificarlos.
La primera “pica” se había dado en julio del año pasado. Eran tiempos de pandemia y se habían establecido una serie de reglas en cuanto a la capacidad del Concejo y más de un concejal quiso pasar por encima de las normas e intentó ingresar al edificio con una cantidad de acompañantes que superaba el límite establecido.
Ahí, según los empleados, vinieron las primeras amenazas y maltratos. Luego se repitieron algunas escenas violentas durante las sesiones, fundamentalemente contra los taquígrafos. Todo, con frases del tipo “tenés que hacer lo que te digo porque vos sos mi empleado” o “yo te puedo dejar sin trabajo y traer otros taquígrafos”.
En ese marco, en medio de un clima de mucha violencia, el jefe de Personal del Concejo, Antonio “Toni” Lochbaum, publicó una hace dos semanas una carta en la que denunció, en nombre de los empleados, desde “faltas de respeto por parte de algún concejal con algún empleado” hasta “violencia laboral, violencia de género, amenazas y acoso”.
A la par se fueron dando una serie de movimientos entre los trabajadores, porque se empezaron a dar cuenta que los taquígrafos tenían los mismos problemas que la gente de ceremonial o de prensa, y que a las situaciones de violencia se sumaban problemas salariales muy concretos.
Aquí se abren dos cuestiones. Con respecto al tema de maltrato, el personal del Concejo había dejado en claro que en el clima de violencia que imperaba en las sesiones no se podía trabajar. En el peronismo aseguran que habían acordado con sus pares radicales y macristas que iban a “bajar un cambio”.
Pero lo salarial se abrió camino y unos días antes de la sesión del miércoles hubo una reunión en la que participaron el viceintendente Guillermo Galván y los jefes de bloque, Nazareno Rippa (Juntos por La Rioja), Yolanda Corzo (Frente de Todos) y Viviana Díaz, del monobloque Norte Grande. Allí Galván detalló los reclamos que le habían hecho los trabajadores, quienes habían declarado el “quite de colaboración en el recinto”, es decir, una medida de fuerza sólo en lo relativo a las sesiones.
Así se llegó al miércoles. Los concejales de Juntos por La Rioja directamente no se presentaron en el recinto, mientras que sus pares peronistas se sentaron en las bancas para dejar en claro que había quórum para sesionar. Se debía retomar la última sesión, que fue suspendida en medio del desmayo de la concejala Díaz y el encendido reclamo de los taxistas. Pero también se iban a introducir cuestiones vinculadas al estacionamiento medido.
Y ahí empezaron las acusaciones cruzadas.
Dicen en Juntos por La Rioja: “Esto es un reclamo laboral, la culpa es del gobierno provincial, porque no le reconoce las mejoras salariales a los trabajadores, y de los concejales peronistas que los maltratan”.
Dicen los peronistas: “Galván armó todo esto para evitar que se hable del estacionamiento medido”.
Un breve análisis de cada versión.
Sobre el reclamo de los trabajadores, hay que insistir en que lleva mucho tiempo y es anterior al debate por el estacionamiento medido. Primero está la cuestión de maltrato. Es la madre del problema y lo que más interesa a los trabajadores. Hasta el momento no dieron a conocer los nombres de los involucrados, pero advirtieron que si las cosas no cambian van a empezar a contar los detalles de lo que vivieron y quiénes fueron los protagonistas. Hay por los menos dos ediles peronistas que podrían ser denunciados, ambos con mucho protagonismo en las últimas sesiones.
Después está la cuestión salarial. Los trabajadores pusieron como plazo el martes para que se atiendan sus demandas y avisaron que esperan “un gesto”. Reclaman por ítems que no cobran, como el pago de un plus por títulos, y recategorizaciones que les corresponden y no llegan. Dicen, por ejemplo, que muchas veces tienen largas jornadas de trabajo que exceden su horario habitual y que eso nadie se los reconoce. También mencionan tareas más allá de sus responsabilidades que no son retribuidas.
Galván publicó ayer una carta en la que culpó al peronismo por la situación y contó lo mismo que vienen diciendo los empleados. En síntesis, aseguran que cuando desde la Presidencia del Concejo Deliberante le envían al Ministerio de Hacienda provincial las “novedades” para la liquidación de los sueldos, sin extralimitarse del presupuesto que maneja, en Casa de Gobierno hacen la vista gorda para perjudicar al Viceintendente.
Por eso el Viceintendente le pidió en la misiva a la concejala Corzo que como presidenta del bloque del Frente de Todos “articule los medios conducentes para que los ediles involucrados pidan las disculpas pertinentes y garanticen el cese de hostilidades en contra de los trabajadores, como así también, colaboren para destrabar el conflicto salarial que ocasiona el Gobierno de la provincia”.
En la otra vereda, Galván es el centro de las críticas. Lo acusan de ser el vocero de los reclamos de los trabajadores y advierten que los concejales no tienen ningún tipo de incidencia sobre las cuestiones laborales. “Son temas de la Presidencia”, dicen.
Creen que el objetivo de la falta de sesión es evitar el debate del estacionamiento medido. Hay una realidad: nadie sabe a ciencia cierta qué dice el contrato que firmó la Intendenta con la empresa Estacionalo SRL, en una operación que tiene irregularidades por donde se la mire.
Ese contrato debería haber sido aprobado por el Concejo Deliberante. No hay mucho debate sobre el tema. La ley orgánica de municipios advierte que absolutamente todos los convenios que firmen los intendentes de los 18 departamentos de La Rioja deben recibir el visto bueno de las legislaturas locales. No hay excepción. Eso, no obstante, lo terminará resolviendo la justicia y habrá que ver si esa sentencia se basa en cuestiones legales o políticas.
Por otra parte, el miércoles el peronismo iba a introducir dos pedidos de informe. El primero, al secretario de Servicios Públicos municipal, Mauricio Morán, para saber en qué situación está operando la empresa sin antecedentes que se quedó con la contratación directa.
El segundo pedido de informe al Municipio tiene que ver con una cuenta única bancaria que quedó de la anterior concesión de estacionamiento medido, porque en el PJ sospechan que hubo una “mano negra”. Sería interesante sumar ahí algún tipo de consulta sobre el saldó que quedó en las tarjetas SIEM. Es dinero que la empresa y el Municipio cobraron por un “servicio” que nunca brindaron. Deberían devolverlo a los vecinos, con sus respectivos intereses.
Ese es el panorama. El reclamo de los trabajadores es real y sus pretensiones son legítimas. No es necesario explicar que el maltrato debe ser condenado siempre, en todas sus formas y sin justificaciones, y que su salario debe ser respetado. Por otra parte, el Concejo también necesita sesionar para tratar un tema que está afectando el bolsillo de la clase media en base a un contrato archimegapolémico. Quedan, además, pocas sesiones para tratar el presupuesto y la ordenanza impositiva del próximo año. El primer paso, está claro, debería ser escuchar a los trabajadores y atender a sus demandas. Y el segundo, dejar de evitar el tema y debatir en el recinto, democráticamente, los detalles del negocio con olor a negociado que el Municipio no quiere discutir.