[REDACCIÓN EL FEDERAL] El miércoles llegó un móvil de América a Chilecito. Los medios nacionales se interesaron desde hace un tiempo por el caso de Zoe, la pequeña asesinada en una vivienda de zona sur de la capital provincial, al que asimilan al caso de Lucio Dupuy.
Poco antes de que el abuelo de Zoe, Oscar Rodríguez, saliera en vivo para A24, hubo un violento incidente entre familiares paternos de la menor asesinada y un periodista de Chilecito, Víctor Falcón, de La Voz del Oeste. Ocurrió cuando los allegados a la víctima fueron a la radio a buscar al movilero, que a los gritos los había acusado de ser responsables del asesinato y de lucrar con el homicidio. Hubo golpes y denuncias cruzadas. En esta crónica, todos los detalles y una invitación a repensar un tema del que casi nadie habla: el rol del Estado en la muerte de la menor.
Desde hace mucho tiempo, Falcón y su colega y conductor Juan “Lagarto” Verazay mantienen un conflicto con los familiares paternos de Zoe. Hay quienes dicen en Chilecito que el problema con Falcón es anterior al crimen. Incluso el año pasado los familiares de Zoe los invitaron a una conferencia de prensa para explicar su versión y confrontarlos, pero los cronistas no asistieron, de acuerdo a la versión de la familia.
Ayer hubo unas declaraciones muy fuertes de Falcón. Y aquí se abre el primer debate: ¿el derecho a opinar nos legitima a decir cualquier cosa?
¿Qué dijo Falcón? Lo reproducimos a continuación: “¿Qué me vienen a provocar a mí? Si ustedes se hubieran calentado y cuidado a la nena, no estaría muerta. Son una manga de irresponsables. Si fuera juez los meto presos a todos. Son unos irresponsables de mierda, por eso Zoe está muerta. No me vengan a mojar la oreja. La hubieran cuidado como corresponde. Me interesa lo que tienen ustedes, porque tienen una causa pública. Ustedes también eran responsables de cuidar a Zoe, pero la dejaron ir a La Rioja y no la volvieron a controlar. Sabían que estaba con la atorrante de la madre en La Rioja y no se calentaron”.
Un grupo de familiares fueron a la puerta de la radio en la que Falcón es movilero. El periodista denunció que golpearon, lo patearon y le robaron un reloj. El abuelo de Zoe dijo a EL FEDERAL ONLINE ONLINE que fue el movilero quien les gritó y tiró la primera piña. En Chilecito, al menos por ahora, sólo circula la versión del periodista, que formalizó una denuncia penal, mientras que Rodríguez advirtió a este medio que planea demandar al cronista “para exigir derecho a réplica y que muestre las pruebas”.
Rodríguez también respondió a las acusaciones de su supuesto enriquecimiento gracias al caso. El periodista lo acusa de haber conseguido una casa (como ocurrió con muchas víctimas en La Rioja, como la familia de Sabina Condorí) y de haberse comprado un auto nuevo.
“Yo no compré nada. Mi señora compró con mis dos cuñados un autito, acá todos saben que la plata salió de la herencia del padre de ellos. Yo no tengo nada. Este [periodista] también dice que un político que nos ayuda, pero son todas mentiras”, sostuvo.
Apuntó, además, contra la forma en la que se expresó el movilero y el tono de su comentario. “Se hace el pesado. Hoy cuando me acerqué me largó una piña y por eso saltó mi hijo; todos en mi familia se pusieron mal, a llorar; no saben el daño que nos han hecho sin saber nada, porque no saben lo que pasó ni cómo hemos sufrido. Sólo nosotros y Zoe sabemos lo que hemos hecho por ella”, comentó a este medio.
Por su parte, en declaraciones a Realidad Social FM, Falcón dijo que lo agredieron “cinco masculinos y mujeres”. “Se molestaron porque no hablamos que estuvo acá América 24 y yo vertí opinión diciendo que Zoe murió porque ellos nunca la cuidaron como corresponde”.
Lo que no es menos cierto es que a la hora de buscar responsables es que prácticamente nadie está poniendo el foco en el rol del Estado y de los tres funcionarios denunciados por la familia: Nelly Saguas (secretaria de la Mujer, Género, Familia e Igualdad de la Municipalidad de Chilecito), Juan Martín Pueyrredón (asesor de menores de Chilecito) y Carolina Idoria (presidenta del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia). La jueza Jésica Díaz Marano, a cargo de la instrucción de la causa penal, ni siquiera los citó a declarar.
Esto es clave, porque Falcón, al opinar, sostiene que la familia paterna es responsable, pero no puso el foco, por ejemplo, en las reuniones previas que hubo con funcionarios (reconocidas en un pedido de informe presentado ante el Concejo Deliiberante) o en las denuncias en sede policial.
Estos temas son fundamentales, porque hay todavía muchas dudas sobre la actuación del Estado, que hasta el día de hoy no fueron zanjadas. Hay una suerte de mantra que se repite, de que la justicia riojana no tuvo nada que ver, pero la participación de Juan Martín Pueyrredón (un funcionario que carga con muy polémicos antecedentes, según las fuentes consultadas) es una señal de que tuvo un rol.
También Nelly Saguas reconoció que se entrevistó con los abuelos paternos y que participó de una reunión de ellos con la abuela materna. Esto debería haber sido reflejado en un expediente, pero cuando la querella lo fue a buscar, la respuesta fue que no hay ninguna causa administrativa ni judicial.
Y hay algo más, que es la clave: ¿por qué no hubo ningún tipo de seguimiento del caso por parte de las autoridades, como exige la ley? ¿Por qué ningún psicólogo o asistente social intervino ante la revinculación con la madre? La madre tenía la tenencia de la nena y era el Estado quien debía velar por su intergridad.
¿Por qué la pequeña fue entregada a una madre con serios problemas de adicciones y un ritmo de vida incompatible con una crianza? Nadie lo explicó aún. Todos se lavaron las manos. Sobre esta cuestión versará la próxima investigación de EL FEDERAL ONLINE. Saber lo que pasó es casi un deber para evitar que vuelva a repetirse, sobre todo cuando hay otras causas similares en la provincia en cuanto a polémicas sobre la tenencia de un menor.