*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE

Dos expedientes judiciales van camino a terminar en un escándalo en el seno del Sindicato Gráfico de La Rioja. Por un lado, la justicia federal investiga el uso de una mutual trucha sin respaldo legal por parte de las autoridades del gremio. Por otro, en la justicia penal se siguen los rastros de una serie de maniobras irregulares, que incluyen transferencias vía homebanking del sindicato a cuentas personales de dirigentes, el uso de recibos mellizos y falsificación de firmas, entre otras cosas. 

En el Juzgado de Instrucción 1, a cargo de Gustavo Díaz, la justicia investiga desde 2018 si la comisión directiva del sindicato cometió algún delito en el manejo de fondos.  

El expediente se abrió a raíz de la presentación de un dirigente opositor, basada en las acusaciones que realizó antes de ser destituida la ex secretaria general del Sindicato Gráfico, Cristina Molina Miranday. La dirigente había denunciado judicial y mediáticamente varios hechos, entre ellos:  

– Once transferencias directas de fondos desde el homebanking del sindicato a cuentas personales de miembros de la comisión directiva y de las parejas de dos de ellos. 

– El uso de recibos mellizos para defraudar al sindicato. 

– Falsificación de firmas. 

En noviembre de 2019, la entonces titular transitoria del juzgado, Cristina del Valle Romero, abrió la investigación, en base al dictamen del fallecido fiscal Marcial Cerezo, quien encuadró el caso en un posible delito de estafa. 

Hoy el expediente está en manos del juez Gustavo Díaz, quien dio por concluida la instrucción y envió la causa al Ministerio Público Fiscal para que emita su opinión. El magistrado ya pidió que el expediente vuelva al juzgado para resolver si procesa a alguno de los sospechosos y eleva el caso a juicio oral. 

Una mutual sin papeles

La prueba más contundente que surgió durante la investigación es, quizás, un informe de la contadora Leticia Mantovani, designada como veedora del gremio. Además de advertir que las autoridades del sindicato no presentaron documentación que respalde los movimientos consignados en los estados contables, llegó a una lapidaria conclusión sobre Musigra, la supuesta mutual con la que el sindicato ofrecía “créditos usureros” -según la denuncia- a pesar de no contar con autorización del Banco Central. 

“El sindicato gráfico llevó a cabo operaciones con la entidad mutual Musigra, la cual carece de personería jurídica, utilizando una cuenta corriente con el CUIT del sindicato, y operando fuera del correspondiente marco legal, incorporando a la contabilidad del sindicato ingresos y egresos que no corresponden a su operatoria”, fue la conclusión de la contadora. 

Sobre Musigra está basada la otra causa que está investigando la justicia federal. El expediente se inició en 2019, tras una denuncia contra el secretario general del sindicato, Ramón Adrián Molina, y el tesorero, Francisco Albornoz, a raíz del uso de esa supuesta mutual.  

De acuerdo a la denuncia, se cometieron “más de 100 hechos de estafa” a través de Musigra. La Subsecretaría de Cooperativa y Mutual ya confirmó oficialmente que la entidad “no se encuentra registrada con matrícula vigente”. 

El 18 de octubre de 2019, la fiscal Virginia Carmona promovió la investigación por los presuntos delitos de préstamos usurarios e intermediación financiera no autorizada.  

 

En paralelo a esas causas, dirigentes disidentes del sindicato se presentaron en la Subsecretaría de Cooperativa y Mutual para pedir que intervenga la Provincia, como autoridad de aplicación. Aseguraron que la falsa mutual estuvo activa, al menos, desde 2012 hasta 2018. 

Presentaron dos escritos con múltiples observaciones, entre ellas, advirtieron que no está claro bajo qué concepto las empresas del sector descontaban dinero de los sueldos de los empleados para pagarle a Musigra, que no está autorizada para funcionar.  

Además, subrayaron que, en los recibos de haberes de los trabajadores gráficos con descuentos, Musigra a veces se presenta como mutual y en otras ocasiones como cooperativa. 

En ese marco, apuntaron contra la abogada Blanca Font, quien fue noticia en su momento porque defendió los intereses de la empresa de colectivos San Francisco, que abandonó La Rioja en medio de una polémica con el gobierno provincial. Advirtieron que fue abogada de la empresa Ángel Estrada y del sindicato al mismo tiempo, y que su supuesta firma aparece a ambos lados del mostrador en operaciones vinculadas a los descuentos que hacía la empresa por el uso de la mutual, dinero que era entregado al sindicato. 

En las próximas semanas, EL FEDERAL ONLINE contará los detalles de los dos expedientes judiciales y de las presentaciones administrativas.