*Por el Equipo de Investitación de EL FEDERAL ONLINE
En los expedientes judiciales revelados esta semana por EL FEDERAL ONLINE, en los que se investigan numerosas irregularidades cometidas por las autoridades del Sindicato Gráfico de La Rioja, hay una enorme cantidad de pruebas que comprometen a dirigentes del gremio. Todo indica que los casos deberían terminar con varios procesamientos en el corto plazo.
En ese marco, EL FEDERAL ONLINE detectó un documento muy revelador sobre Musigra, la mutual trucha que utilizaban las autoridades del sindicato para dar préstamos. La entidad no tiene respaldo legal, lo que despertó muchas dudas sobre el origen de los fondos usados y el destino de lo recaudado.
“Musigra no se encuentra registrada con matrícula vigente que acredite su normal funcionamiento ante esta Dirección de Mutuales, órgano local competente en la materia”, informa el documento, que lleva la firma de Víctor Hugo Quinteros, director general de Mutuales de La Rioja. La nota, según fuentes judiciales, fue incorporada a uno de los expedientes.
El documento confirma lo que surge de una búsqueda que cualquiera puede hacer en el registro oficial de mutuales: que Musgria no existe.
El dato puede parecer menor, pero no lo es. Prestar plata no es una pavada. Para poder dar préstamos a través de una mutual se deben cumplir muchos requisitos, porque el Estado es muy celoso sobre el tema. Como las mutuales tienen grandes beneficios fiscales, porque son sin fines de lucro, el Estado controla que no se utilicen para encubrir operaciones de empresas financieras y evadir impuestos. Y, además, el Estado exige una rigurosa fiscalización para asegurarse que no se preste dinero proveniente de actividades ilegales, como el narcotráfico o la corrupción.
Para ello, la ley 20.321 establece que las mutuales se deben inscribir en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y presentar un reglamento, que debe ser aprobado por las autoridades para que le concedan una matrícula nacional. Ese reglamento debe tener normas sobre el funcionamiento de la mutual, cómo se conceden los préstamos, a quiénes, cómo se constituye el fondo de incobrables, qué porcentaje del capital líquido se puede prestar, etcétera.
Nada de esto lo cumplió Musigra, que de acuerdo a la documentación que obra en las causas, ni siquiera tiene CUIT. En efecto, en una pericia incorporada a uno de los expedientes, la contadora Leticia Montavani informó que se abrió una cuenta en el Banco Nación con el nombre de Musigra, pero con la clave fiscal del Sindicato Gráfico.
Hay un requisito más que exige la ley, que es clave en este mar de irregularidades. Además de contar con autorización del INAES, las mutuales deben presentar cada tres meses una auditoría, algo Musigra no habría realizado, según la documentación de las causas a la que accedió EL FEDERAL ONLINE. Y Musigra tampoco habría hecho el aporte del 1% de la cuota social, que debe ser destinado al INAES.
Esto derivó en una serie de anomalías, que podrían configurar varios delitos. De hecho, en la justicia federal se investiga si las autoridades del sindicato cometieron los delitos de préstamos usurarios e intermediación financiera no autorizada, mientras que la justicia provincial se analiza la posible comisión del delito de estafa.
Todo indica que Musigra es un sello de agua que usaba el sindicato para ofrecer préstamos, que, según las denuncias originales y el dictamen de la fiscal Virginia Carmona, tendrían intereses usureros, algo que sería ilegal, pues las mutuales son entidades sin fines de lucro, además de que la usura es, en sí misma, un delito.
Quizás una de las pruebas más rotundas sobre lo que era realmente Musigra está en la contabilidad del sindicato, donde se asentaban los movimientos de la supuesta mutual, tal como consta en la pericia incorporada a la causa.
En los próximos días EL FEDERAL ONLINE revelará cómo era contabilidad conjunta entre el sindicato y la mutual, con documentos respaldatorios, y cómo fueron las once transferencias de dinero a cuentas personales de dirigentes del sindicato por una cifra millonaria, información que surge de un acta notarial y de las denuncias realizadas por una ex secretaria del sindicato, y que podría complicar seriamente al actual titular del sindicato, Ramón Adrián Molina, y a otros gremialistas.