*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE
En los últimos días, EL FEDERAL ONLINE se hizo eco de la gran cantidad de pruebas que hay en los expedientes en los que se investiga a las autoridades del Sindicato Gráfico de La Rioja. Una de las cuestiones denunciadas es la realización de transferencias a dirigentes del gremio y parejas de algunos de ellos.
El manejo del dinero es clave en cualquier organización, sobre todo en las que no tienen dueño. Por eso, el estatuto social del Sindicato Gráfico -como ocurre en numerosos gremios-, exige que para movilizar todos los fondos e ingresos se necesita “la orden conjunta del secretario general y el tesorero”.
En junio de 2016, el sindicato abrió una cuenta en el Banco Nación y se autorizó, para su funcionamiento, a quienes eran en ese momento la secretaria general, Cristina Miranday, y el tesorero, Ramón Adrián Molina.
Tiempo después, Miranday denunció que Molina había realizado, sin su autorización, transferencias de dinero a su cuenta bancaria personal y a las de otros cinco dirigentes y las parejas de tres de ellos.
En total, de acuerdo a la denuncia, Molina realizó entre octubre y diciembre de 2016 once operaciones por 79.080 pesos, es decir, 4.370 dólares al tipo de cambio de ese momento, lo que equivale a más de 2 millones de pesos al valor actual, casi 700 mil pesos por mes.
La prueba más fuerte es, quizás, un acta de constatación del 17 de junio de 2017, firmada por la escribana María José González Nieto, quien había sido convocada por Miranday. El acta elaborada en esa ocasión tiene varias cuestiones sensibles, como la constatación de talonarios internos de la institución con igual numeración. Pero lo que más llama la atención es lo relativo a las transferencias bancarias.
Primero, porque la escribana constató las transferencias y así lo dejó asentado en el acta, al aclarar que vio la documentación.
Segundo, porque el contador Alejandro Busso declaró, y eso también consta en el acta, que “Molina le habría consultado sobre esa modalidad de transferencia [sin la autorización de Miranday], a lo cual le respondió que no corresponde hacer ese tipo de operatoria”.
Hay otro documento clave. Es una denuncia hecha por Miranday y aportada a este medio por trabajadores de una importante fábrica de La Rioja. Allí figuran los montos de las transferencias. El que más dinero recibió habría sido Molina. A su nombre figuran cuatro transferencias de 10 mil pesos cada una. Con un dólar promedio a 18,10 en los tres meses en los que se hicieron las operaciones, el entonces tesorero y actual secretario general del sindicato recibió en pesos el equivalente a 2.209 dólares, es decir, algo más de un millón de pesos al valor actual.
Los otros beneficiarios, según la denuncia, fueron:
– Víctor Hugo Tejada (secretario de organización y gremial): $10 mil (550 dólares / 260 mil pesos actuales).
– Jorge Díaz (prosecretario de organización y gremial): $3 mil (165 dólares / 80 mil pesos actuales).
– Julio Bustos (secretario adjunto): $12.610 (700 dólares / 325 mil pesos actuales).
–Francisco Albornoz (tesorero): $3 mil (165 dólares / 80 mil pesos actuales).
– Marcelo Moreno (secretario de acción social y previsión): $6.470 (360 dólares / 168 mil pesos actuales).
Molina y los cuatro primeros de la lista siguen al frente del sindicato.
Como explicó EL FEDERAL ONLINE en la última de esta serie de notas, en el expediente que se ventila en el Juzgado de Instrucción 1, a cargo del magistrado Gustavo Díaz, hay una pericia muy reveladora realizada por la contadora Leticia Montavani, designada como veedora judicial.
La profesional detectó muchas irregularidades, como el uso de una entidad fantasma para brindar créditos ilegales. El analizar los balances, concluyó -entre otras cosas- que “no hubo un buen control de los recursos”.
Se centró, para ello, en lo que algunos creen que podría ser una metáfora del sindicato. Según la pericia, el 3 de septiembre de 2014, el delegado normalizador Efraín Alejandro Moreno “retiró la suma de 45.100 pesos [3.200 dólares], de los que nunca rindió cuenta ni aportó comprobantes” y, tiempo después, “dejó su mandato sin haber realizado rendición alguna, ni a la fecha haber restituido los fondos a la institución”.
Se espera que esta semana haya novedades en el plano judicial. El fiscal Luis González, que es parte del Ministerio Público Fiscal que conduce Javier Vallejos, debe decidir si procesa a Molina y sus aliados. Ante la consulta de este medio, dirigentes nacionales consideraron que las pruebas son contundentes y que si la causa no avanza, enviarán asesores a La Rioja para que la causa “llegue hasta la Corte Suprema si es necesario”.
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