*Por Ángel Flores 

El juez federal José Quiroga Uriburu, de La Rioja, incluyó el caso de la red de farmacias FARMANOR entre las causas en las que sospecha que el ex auxiliar fiscal Martín Apóstolo cobró coimas para beneficiar a acusados de cometer delitos graves. La cadena de farmacias está siendo investigada por una por una posible defraudación al PAMI. 

Apóstolo fue procesado el 6 de octubre por el juez Quiroga Uriburu por su actuación irregular en varias causas, la mayoría ligadas a casos de narcotráfico. Entre las investigaciones que detalla el magistrado está el expediente FCB 42.781/2016, en el que la empresa FARMANOR está sospechada de defraudar al PAMI, en el marco de una amplia investigación impulsada por la unidad fiscal de la Procuración General de la Nación especializada en delitos cometidos en torno a la obra social de los jubilados y pensionados.  

Según concluyó el juez Quiroga Uriburu, el ex fiscal auxiliar Apóstolo “mantenía una relación con el letrado Carlos Marcelo Zapata [abogado de una directiva y una socia de FARMANOR], con quien (…) se comprobó mantenían comunicaciones en relación al trámite de la causa”.  

Sucede que en el marco de la investigación a Apóstolo se le secuestro su teléfono celular, algo que fue primicia de EL FEDERAL ONLINE el año pasado, cuando absolutamente nadie hablaba del caso. Allí se detectaron supuestas conversaciones entre Zapata y Apóstolo que el juez cree que eran chats vinculados al caso Farmanor.

El dato es importante no sólo por la trascendencia de la causa, sino porque según su propio perfil de LinkedIn, el gerente general de FARMANOR es el contador Marcelo Navarro Icazati, presidente de la Cámara Empresarial Riojana y de la Cámara de Farmacias de La Rioja, además de ser uno de los principales proveedores de APOS, a través de su empresa GLOBAL MÉDICA.

En su resolución, el magistrado a acusó a Apóstolo de “emitir dos dictámenes prevaricantes” en la causa, es decir, dos dictámenes que perjudicaron la investigación.

Por ejemplo, el juez sospecha que Apóstolo avaló de manera irregular el pedido que hizo el abogado Zapata para que se anulen una serie de allanamientos contra las farmacias FARMANOR, Galenica, Hiperfarma, San Andrés, San Andrés II y Santo Tomas, todas -salvo una- propiedad de la sociedad Farmanor SRL.

La ronda de allanamientos incluyó, además, al edificio ubicado en Benavídez 327, donde funcionaría la administración de Farmanor SRL, pero también las oficinas de las empresas GLOBAL MÉDICA, CAFRI y MyN Construcciones SRL, y de Navarro Icazati.

Por lo pronto, la justicia rechazó recientemente un pedido que realizó Apóstolo para que se anule su procesamiento. Las investigaciones contra el fiscal y contra FARMANOR siguen abiertas.

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