*Por el Equipo de EL FEDERAL ONLINE
La presidenta de la OSUNLaR, Ana Laura Toro, pidió la recusación del juez Héctor Daniel Barría, en el marco de la causa en la que está acusada de usurpar su cargo en la obra social. Denunció que familiares del magistrado que ordenó el polémico allanamiento dentro de la UNLaR son asesores de la denunciante en la causa, la vicerrectora Marita Corzo.
El dato de que el estudio de la familia Barría asesoraban a Corzo pululaba desde hace tiempo en el aire de la UNLaR. Ese murmullo ahora se judicializó, a partir del escrito que Ana Laura Toro presentó y en el que aportó, fundamentalmente, dos pruebas.
La primera, según confirmaron fuentes judiciales a EL FEDERAL ONLINE, es un acta notarial, en la que consta que el 3 de mayo de 2023, en el marco de su conflictiva salida de la presidencia de OSUNLaR, Corzo se presentó en el Hospital Universitario Virgen María de Fátima junto a dos patrocinantes, Sebastián Barría Nievas y Florencia Barría Nievas, hijos del juez.
“Al tratarse de personas interesadas en el proceso, [el juez] queda abarcado por las causales de recusación”, adviertió en el escrito que presentó Ana Laura Toro, quien fundó su reclamo en “el temor de parcialidad del magistrado recusado en razón del parentesco que tiene con los abogados de la denunciante”.
La segunda prueba que sumó Toro, de acuerdo a las mismas fuentes, es la copia de un recurso administrativo que Corzo presentó en la UNLaR, en el fijó su domicilio en Bazán y Bustos 137, donde funcionaría el estudio jurídico que los hijos de Barría comparten con su madre y esposa del magistrado, Mariana Nievas.
“Como es obvio, los hijos del magistrado actúan como asesores jurídicos de la denunciante y patrocinantes en sede administrativa. Patrocinio que hasta este estado no ha cesado. Esto lleva a pensar, razonablemente, que el magistrado conoció el caso antes de tomar intervención, sea por haber brindado consejo legal a sus hijos o por haber sido consultado por estos”, aseguró en su presentación la presidenta de OSUNLaR.
En el escrito se argumentó, además, que “es razonable” pensar que los hijos hayan pedido consejos a su padre, pero, además, que “era perfectamente posible saber de antemano que el caso de su cliente sería investigado por su padre”.
María Corzo fue apartada de su cargo en OSUNLaR a raíz de una gran cantidad de irregularidades detectadas por la síndica de la obra social. Tras su salida, denunció a su sucesora por “usurpación de cargo”. Eso derivó en un ultracontrovertido allanamiento a la obra social con 20 policías para secuestrar una computadora. Según todas las leyes vigentes, la competencia en el caso era de la justicia federal, pero Barría aceptó el expediente e impulsó la investigación.
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