[REDACCIÓN EL FEDERAL] Luego de que el juez Héctor Daniel Barría ordenara el retiro de parte de los alambrados colocados por los acusados de usurpar tierras comunitarias en el departamento Independencia, el magistrado dispuso que el Colegio de Agrimensores realice una pericia en la zona para determinar qué cercas se deben quitar.
Una veintena de comunidades reclaman desde hace años que un puñado de empresarios ocuparon y alambraron un tercio de las 100 mil hectáreas en las que conviven desde hace generaciones. En 2020 realizaron una denuncia penal y, un año después, el 4 de febrero de 2021, el juez Barría ordenó una medida de no innovar. Ahora el magistrado mandó a quitar los cercos que violaron su disposición, pero antes se debe determinar qué obras se realizaron antes y cuál se hicieron después de la medida.
Para ello, en una resolución del 2 de mayo a la accedió EL FEDERAL ONLINE, Barría ordenó que el Colegio de Ingenieros Agrimensores realice un relevamiento en la zona de los campos denominados Cerro Blanco, Salinas de Bustos y Mercede de Paganzo, que fue encargado al topógrafo Ignacio Javier Goñi.
Fuentes judiciales dijeron a este medio que Goñi realizó el trabajo de campo con apoyo de la policía de Patquía el 6 de mayo. El topógrafo utilizó un dron Wingtra One Gen 2 y un GPS Spaectra Presicion SP60. Ahora debe comparar sus mediciones con un trabajo que hizo la policía en agosto de 2021 y otros informes previos para ver qué alambrados deben retirarse y cuáles podrán permanecer.
A los vecinos les explicaron que no se sabe cuándo estará lista la pericia, pero no es un trabajo que debería demandar mucho tiempo. Por eso esperan novedades en el corto plazo.
Una vez que esté el informe, el juez definirá qué debe quedar en el lugar. Y ahí entrará a jugar la otra parte del conflicto, que es la denuncia penal contra autores a determinar. La investigación de fondo, según las fuentes consultadas, no ha tenido grandes avances, pese al video de una trifulca entre vecinos y los sujetos denunciados que se viralizó a mediados de abril.
Los vecinos, a su vez, han advertido que la decisión de Barría sólo mermará parte del daño, pues al haberse demorado tanto en ordenar la medida de no innovar, la mayor parte de los alambrados ya habían sido colocados.
El juez dispuso que la medida regirá hasta que la Secretaría de Tierras y Hábitat realice un saneamiento de títulos en a zona, que ya fue declarada como Área Bajo Procesamiento, paso previo para concederle la propiedad a los que tienen una posesión precaria, pero ancestral.
Detrás del conflicto hay unas 130 familias afectadas, que denunciaron que un puñado de personas, la mayoría oriundas de San Juan, alambraron las tierras que utilizan de manera comunitaria para vivir, producir y subsistir, y se quedaron con las vertientes que sus animales usaban para tomar agua e ir a alimentarse en las épocas más secas.