*Por Ángel Flores
Personal de Gendarmería realizó ayer diez allanamientos a distintos estudios jurídicos y abogados de La Rioja. Fue en el marco de la causa en las que se investiga al ex auxiliar fiscal Martín Apóstolo, procesado por pedir dinero a cambio de conseguir beneficios procesales. Como ninguno de los letrados involucrados está imputado en la causa, en el expediente hubo una controversia sobre le pertinencia de los operativos y otras medidas de prueba.
EL FEDERAL ONLINE reconstruyó los operativos a partir de la consulta a dos fuentes y algunas constancias judiciales. Todo comenzó el año pasado, cuando los fiscales federales Diego Velasco, Diego Iglesias y Martín Uriona pidieron una serie de medidas de prueba para investigar a los abogados que intervinieron en los casos en los que sospechan que Apóstolo actuó de forma irregular.
Una aclaración importante que debe ser remarcada: ninguno de los abogados afectados por los allanamientos y las otras medidas de prueba está acusado en la causa. Son siete: Matías Juárez, Gabriel Pavón, Jorge Eduardo Cáceres, José Luis Montaperto, Paola Alejandra Mebar, Andrea Fabiana Flores y Carlos Marcelo Zapata. En concreto, los fiscales habían pedido una serie de allanamientos para que se secuestren los celulares de seis de ellos y se ordene el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de todos.
Sin embargo, el 23 de mayo del año pasado el juez Daniel Herrera Piedrabuena rechazó el pedido, debido que las medidas solicitadas constituirían “una intromisión al ámbito de privacidad de personas no imputadas en autos”.
Una semana después, el Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez y el pasado 8 de mayo la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el proveído y mandó a Herrera Piedrabuena a diligenciar las medidas que pidieron los fiscales.
Así las cosas, el 16 de mayo los fiscales presentaron un nuevo pedido para avanzar con los allanamientos a cuatro estudios jurídicos, tres domicilios particulares de abogados y un décimo inmueble de otro letrado. Afectaban a todos los abogados mencionados, menos a Pavón. El objetivo de la medida era “incautar aparatos de telefonía celular de los letrados referidos, con el fin de profundizar o no la sospecha sobre el vínculo espurio que mantuviera Apóstolo con los nombrados”. En ese escrito los fiscales también reiteraron la solicitud para avanzar con el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de todos.
A la hora de fundamentar su pedido, los fiscales recordaron que analizaron más de quince expedientes en los que participó Apóstolo y que del estudio de los casos “surge la presunta relación de algunos abogados de la matrícula de La Rioja que podrían tener relación con los sucesos investigados”.
Los fiscales recordaron que “se verificó que Apóstolo” actuó de manera irregular en “expedientes en los que intervenían abogados que mantenían una estrecha relación con el nombrado”. Algunos ejemplos mencionados en el escrito:
– Hizo dictámenes “asumiendo criterios jurídicos que favorecieron notablemente a los imputados”.
– “Realizó gestiones como ‘contacto judicial’”, es decir, lobby.
– “Les brindó asesoramiento a los fines de que obtengan beneficios procesales”.
– “Efectuó gestiones para que sean designados en esos expedientes letrados allegados al imputado”.
Los allanamientos fueron finalmente realizados ayer por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “La Rioja” de Gendarmería Nacional, que hasta ahora viene realizando con éxito todos los operativos vinculados, incluido el allanamiento que terminó con el secuestro del celular de Apóstolo, donde se encontraron los mensajes que dispararon la investigación.
*Las imágenes de los operativos son gentileza de La 4×4 y El Iindependiente.
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