*Por Juan Pablo Parrilla Branda
Como había adelantado EL FEDERAL ONLINE, el Consejo de la Magistratura finalmente trató ayer a la tarde las denuncias contra la jueza Virginia Illanes Bordón, de Chilecito, acusada de cometer irregularidades en 37 causas que cursaron ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Chilecito. Sin embargo, el escenario es muy complejo debido a que en el corto plazo cambiará tanto la composición como la integración del organismo. La reunión de ayer finalizó con un llamado a un cuarto intermedio y el tema se retomará a principios de agosto.
El Consejo de la Magistratura venía posponiendo el tratamiento de las denuncias, con el argumento de que vencieron los mandatos de los representantes de la Función Ejecutiva. De hecho, recién ayer asumió como consejero el secretario de Justicia, Lucas Casas.
Finalmente, este miércoles el presidente del cuerpo, el juez Claudio Saúl, del Tribunal Superior de Justicia, incluyó el asunto en el órden del día, por lo que fue tratado por el plenario de consejeros. De esta forma, las denuncias ingresaron formalmente, por lo que ahora, según la ley 8.450, el caso deberá ser analizado por la Comisión de Disciplina e Investigación, como ocurrió con la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, filmada mientras presuntamente pedía una coima.
Sin embargo, el mandato de la comisión que investigó a Abate de Mazzucchelli ya venció y sus nuevos miembros todavía no fueron designados, al igual que los integrantes de las otras cinco comisiones del Consejo de la Magistratura.
Este último punto es clave, porque sin comisiones el Consejo de la Magistratura prácticamente no puede funcionar. Hay tres comisiones que son las encargadas de todo el proceso de nombramiento de magistrados. La única forma de suplantar a un juez si no funcionan las comisiones es a través del nombramiento de jueces transitorios, lo que abre un abanico de discrecionalidad. De ahí viene, por ejemplo, la polémica por la designación de Cecilia Córdoba como jueza transitoria de instrucción.
A su vez, la semana que viene comienza la feria judicial. Es decir que recién después del receso el Consejo de la Magistratura podría reunirse para conformar las comisiones, en el próximo plenario, que será a comienzos de agosto.
Fuentes oficiales explicaron que la idea mayoritaria entre los consejeros es esperar que el Consejo de la Magistratura esté funcionando con todos sus nuevos integrantes. En este punto se cruzan dos cuestiones. Primero, que el 20 de julio se jurará la nueva Constitución, que ampliará la composición del Consejo.
Por otra parte, a fines de julio vencen los mandatos de los representantes del Consejo de Abogados y de la Asociación de Magistrados. Ambas instituciones celebrarán elecciones en el corto plazo para elegir a los sucesores.
Por eso, las fuentes oficiales alegaron que nombrar en las comisiones consejeros que podrían quedar afuera del Consejo de la Magistratura en las próximas semanas podría dar lugar a alguna presentación de la jueza Illanes Bordón, solicitando la nulidad de las actuaciones. También podría generar problemas con los plazos, que empezarían a correr una vez que se integre la comisión.
Eso sí: todas las fuentes consultadas coinciden en que ayer hubo disidencias en la reunión y que algunos consejeros consideraron que se deberían nombrar a los integrantes de la comisión en lugar de pasar a un cuarto intermedio y posponer una definición.
Cómo sigue
Lo cierto es que el proceso se retrasará un buen tiempo. En la próxima reunión, que será una continuación del plenario de ayer, se seguirá tratando el tema. Y recién una vez que queden designados los miembros de la Comisión de Disciplina e Investigación, sus tres integrantes deberán analizar el caso de Illanes Bordón y emitir un informe en el que sugerirán la apertura de un Jurado de Enjuiciamiento o la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que ejerza la superintendencia y, si corresponde, imponga sanciones administrativas. También deberá tratar más denuncias pendientes que hay contra otros jueces.
No obstante, la última palabra la tendrá el plenario del Consejo de la Magistratura, que deberá reunirse una vez más, cuando esté emitido el dictamen, para definir el futuro de Virginia Illanes Bordón y del resto de los magistrados.
El caso
A mediados de mayo, el abogado David Calipo denunció a Illanes Bordón ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones en varias causas, lo que incluía la pérdida de expedientes y liberaciones irregulares de detenidos. También la acusó de haber sido nombrada de manera irregular, pues concursó para un juzgado en Villa Unión, pero ejerce en Chilecito.
Calipo amplió en otras tres ocasiones su denuncia. En la última, la acusó de dejar prescribir 23 casos de abuso sexual y violencia de género, lo que incluyó la caída de una causa con un asesino confeso.
En el medio, la magistrada fue imputada en dos causas penales, acusada de pedir y cobrar coimas, y denunciada en un tercer caso por -supuestamente- el uso de patrulleros con fines personales y la recepción de artículos de librería del juzgado en su casa.
Por lo pronto, en dos de las causas penales, la querella y el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a las fuentes consultadas, solicitaron el desafuero de la magistrada para que puedan avanzar las investigaciones.
La jueza, en tanto, pidió por segunda vez 30 días de licencia en base a un informe de la psiquiatra Natalia Fernanda Cruz, pero el juez Marcelo Carrizo ordenó que se practique una pericia oficial, por lo que dispuso que se libere un oficio a la Secretaría de Medicina y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que determine la veracidad del diagnóstico.
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