[POR EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL FEDERAL] El juez Alejandro Aquiles le dio en concepto de depósito judicial dos vehículos al ex dirigente y actual empresario de medios y gastronómico Enrique Jacobo Nicolini. Según la normativa vigente, para entregar un vehículo secuestrado en una causa penal se debe pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia y se debe priorizar a instituciones de bien público o dependencias de la Función Judicial.
Los vehículos en cuestión son una Ford Eco Sport y un Peugeot 207, que estaban depositados en la Brigada de Investigaciones de Chamical, a disposición del Juzgado de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Aquiles.
Según dos fuentes consultadas, serían vehículos que habrían sido secuestrado en el marco de la denuncia por estafa contra Matías Romero, a quien Aquiles acaba de concederle la prisión domiciliaria junto a otros diez detenidos porque estaban alojados en malas condiciones en la alcaidía de Chamical. En el playón de la brigada todavía hay otros autos secuestrados.
De acuerdo a dos oficios que el comisario Oscar Eduardo Vera envió al juez Aquiles y a los que accedió EL FEDERAL ONLINE, el magistrado habría ordenado de manera oral que se le entreguen los vehículos a Nicolini, quien se hizo presente en el lugar, “aceptó el cargo y prestó juramente de cumplirlo fielmente”, por lo que le entregaron las llaves para que se los lleve.
Ante la consulta de este medio, Nicolini primero negó los hechos y luego explicó que se los prestaron porque tuvo un problema con su camioneta. Aclaró que primero le dieron un vehículo y, como tenía problemas, lo cambió por el otro. Ante la consulta, se comprometió a devolver el Peugeot que todavía está en su poder en la tarde del miércoles.
Lo que EL FEDERAL ONLINE no pudo corroborar es si el Tribunal Superior de Justicia autorizó la maniobra, dado que no haberlo hecho, el magistrado habría incurrido en una falta gravísima, quizás un delito, y podría ser sujeto a un jurado de enjuiciamiento.
Abusos históricos
El depósito judicial de vehículos secuestrados en causas penales es una herramienta legal, pero que históricamente en La Rioja se usó de manera abusiva.
El propio Tribunal Superior de Justicia reconoció en noviembre de 2018 que muchos depositarios judiciales “mantenían en su poder vehículos dados en depósito por tiempo indeterminado para uso personal” y decidió anular todos los depósitos vigentes.
Además, a través del Acuerdo 178/18, el TSJ creó en ese momento el Registro de Depositarios Judiciales y reglamentó el procedimiento para la entrega, en el que dispuso que la prioridad la deben tener las instituciones de bien público o la propia Función Judicial.
El TSJ estableció, entre otras cosas, que para dar un auto en calidad de depósito, el juez de instrucción debe comunicar tal situación al TSJ, para que la Secretaría Administrativa y de Superintendencia le asigne al vehículo a alguna persona inscripta en el registro.
Según ordena el acuerdo en su punto 1, el TSJ debe disponer la entrega “atendiendo, en primer lugar, a las necesidades del servicio de justicia, a las instituciones que presten servicios públicos o instituciones de bien público”.
Fuentes del TSJ explicaron que lo habitual es que los interesados hagan una nota para ingresar al registro y todos los pedidos son evaluados por el TSJ. Finalmente se otorga en virtud de la necesidad. La Secretaría Administrativa es la que lleva un control y le pide el visto bueno al máximo tribunal para que autorice los depósitos.