[REDACCIÓN EL FEDERAL] El ex intendente de la Capital riojana y ex secretario General de la Gobernación, Alberto Paredes Urquiza, confirmó que apeló su procesamiento en la causa que investiga el trágico accidente aéreo ocurrido en marzo de 2015 en Villa Castelli, donde murieron 10 personas. Lo hizo en declaraciones al medio Rioja Virtual, donde calificó la resolución judicial como una “patraña” con fines de “persecución política”.

“Se trata de una patraña para hacer una persecución política hacia mí, mi familia y mi carrera política. Es para desprestigiarme, usando un hecho ocurrido hace diez años, en el que no tuve ninguna participación”, afirmó Paredes Urquiza. En esa fecha, el actual dirigente político ocupaba el cargo de secretario General y Legal de la Gobernación.

El procesamiento fue dictado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien imputó a Paredes Urquiza por el delito de estrago culposo, a raíz del préstamo del helicóptero sanitario del gobierno riojano a la productora francesa ALP, responsable del reality show Dropped, cuyas filmaciones en Argentina terminaron en tragedia.

Sin embargo, Paredes Urquiza sostiene que no tuvo ninguna responsabilidad técnica ni operativa sobre el hecho: “Mi área no tenía el más mínimo conocimiento técnico para mejorar las condiciones de un vuelo. No era mi responsabilidad ni mi competencia. Para eso están las áreas técnicas”, argumentó.

También negó haber dado una orden directa para el traslado del helicóptero: “La única persona que me menciona es el director de Aeronáutica, diciendo que yo le di la orden telefónica. Eso es falso. Nunca existió esa llamada. No hay un mensaje, una grabación, un registro. Nada. Porque no pasó”.

En este sentido, denunció que se trata de una causa que “estaba procesalmente muerta desde hace años” y que fue reactivada “justo en un momento electoral, y sólo en contra mío, la única persona enfrentada al poder”. Para el ex funcionario, la decisión judicial carece de sustento probatorio y responde a intereses políticos:

“No hay ninguna prueba. Ninguna. Y sin pruebas, ¿por qué un juez toma una resolución judicial?”, se preguntó.

Respecto al convenio que autorizó el uso del helicóptero, Paredes Urquiza afirmó que no fue celebrado bajo su área: “Era un convenio entre la Secretaría de Turismo y la productora. Esa secretaría no dependía de mí, sino directamente de la Gobernación. Además, la Dirección General de Aeronáutica tenía plena capacidad operativa para tomar decisiones. La única persona que decidía sobre el movimiento del helicóptero en la provincia era el gobernador”, añadió, en una clara alusión al entonces mandatario Luis Beder Herrera.

El ex intendente también apuntó al director de Aeronáutica, Daniel Gorkich, quien lo había implicado en su declaración. Dijo que es probable que “quiera sacarse la responsabilidad de encima” y recordó que la Junta que investigó el accidente determinó que el error estuvo en la planificación y ejecución del vuelo.

Una causa con más dudas que certezas

El accidente ocurrió el 9 de marzo de 2015 en Villa Castelli, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, provocando la muerte de 10 personas, entre ellas, tres reconocidos deportistas franceses y un veterano de la Guerra de Malvinas. A más de diez años del hecho, la causa judicial se mantiene rodeada de suspicacias.

El documento clave —firmado el 24 de febrero de 2015— fue rubricado por Paredes Urquiza como secretario General y Legal de la Gobernación, autorizando la protocolización del acuerdo entre el gobierno provincial y la productora ALP. Sin embargo, otros imputados en la causa fueron sobreseídos o recibieron falta de mérito, entre ellos, el propio Gorkich, el ex secretario de Turismo, Álvaro Del Pino (quien negó haber firmado el convenio), y los productores argentinos Gustavo Gordonas y Carola Iujvidin.

La investigación también presenta lagunas llamativas: se tardaron nueve años en peritar la firma de Del Pino y nunca se allanó la torre de control del aeropuerto provincial para rastrear los vuelos del helicóptero. Además, no se investigó el préstamo del segundo helicóptero, perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, que también participaba de las filmaciones.

En Francia, donde también se instruye una causa penal por el accidente, la etapa de investigación ya concluyó, y se espera ahora el dictamen del fiscal para definir si se eleva a juicio.

“Deberían sobreseer a todos”, insistió Paredes Urquiza en la entrevista, y cerró con una acusación directa: “Esto tiene la mano más negra de la política detrás”.