Un ciudadano denunció que el Estado de La Rioja, que tomó posesión de su propiedad hace más de cuatro años sin pagarle indemnización ni notificarlo debidamente, en el marco de una expropiación supuestamente urgente. Ante la falta de respuesta favorable de la justicia local, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por lo que considera una grave violación de sus derechos constitucionales.
El conflicto comenzó con la sanción de la Ley provincial 10.480 en 2022, que declaró de utilidad pública y expropiables 38 inmuebles, incluyendo uno de 13.250 m² perteneciente al demandante. Este inmueble, sin embargo, no figuraba en la ley original y fue agregado más tarde sin justificación clara, según sus abogados.
La denuncia sostiene que el gobierno provincial tomó el terreno por la fuerza y sin pagar indemnización, algo prohibido por la Constitución Nacional (art. 17 y 18). Tampoco se habría cumplido con la obligación legal de consignar previamente el valor fiscal del bien.
Frente a esto, el dueño inició en 2022 una demanda por expropiación inversa, para forzar al Estado a pagar. Sin embargo, los tribunales riojanos rechazaron las medidas cautelares y los recursos presentados, alegando cuestiones formales como falta de pruebas o errores procesales. La defensa calificó esos fallos como arbitrarios y dogmáticos.
Finalmente, al agotarse las instancias provinciales, los abogados recurrieron a la Corte Suprema con un Recurso Extraordinario Federal, destacando la “gravedad institucional” del caso, ya que el bien habría sido entregado a terceros sin fines públicos y el Estado no dio ninguna explicación válida para su accionar. También acusan a la justicia riojana de aplicar un exceso de rigor formal que impidió el acceso a una verdadera defensa judicial.