Una jueza ordenó impedir el paso por Guandacol ante la falta de permisos ambientales y el incumplimiento de acuerdos. La Policía cortará el tránsito.
[REDACCIÓN EL FEDERAL] La Justicia de La Rioja resolvió prohibir el ingreso de la minera Vicuña por territorio riojano, en una medida que impacta directamente en el desarrollo de sus actividades en San Juan.
La decisión fue tomada por la jueza María Greta Decker, quien hizo lugar a una medida autosatisfactiva ambiental presentada por la Fiscalía de Estado provincial. En ese marco, ordenó impedir el acceso por Guandacol, el principal camino utilizado para llegar al proyecto minero.
Según se informó, la Policía de la provincia procederá a cortar el tránsito en la zona para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.
El fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, explicó en declaraciones a Medios El Independiente que la demanda fue presentada días atrás ante la Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II Circunscripción Judicial, con sede en Chilecito.
El planteo incluyó reclamos por la falta de Evaluación de Impacto Ambiental y el incumplimiento de acuerdos previos vinculados al uso de la red vial riojana.
La magistrada consideró que el pedido debía resolverse con urgencia para evitar posibles daños ambientales y sostuvo que esperar a escuchar a la empresa implicaría una demora incompatible con la situación.
Conflicto previo y cortes
La resolución judicial se da en un contexto de creciente conflicto. En los últimos días, organizaciones sociales de La Rioja realizaron cortes en el acceso al proyecto, a la altura de Puerto del Leoncito, en la zona de la Reserva Laguna Brava.
Durante la protesta, que reunió a unas 50 personas, se interrumpió completamente el tránsito y al menos 161 trabajadores debieron regresar a San Juan, mientras que varias empresas proveedoras no pudieron ingresar.
Los manifestantes denunciaron incumplimientos ambientales y sociales por parte de la compañía, incluyendo promesas de contratación de mano de obra local que —según indicaron— no se concretaron.
Además, señalaron que actualmente más de 600 vehículos utilizan rutas riojanas para acceder al campamento minero, lo que genera un fuerte impacto en la infraestructura provincial.
El trasfondo del reclamo
Desde el Gobierno riojano sostienen que la empresa no cuenta con los permisos ambientales vigentes para utilizar rutas provinciales, ya que la declaración de impacto ambiental (DIA) no fue renovada.
También cuestionan que el proyecto presentado bajo el régimen de inversiones no contempla obras clave comprometidas, como un derivador de tránsito en Guandacol, que permitiría evitar el paso constante de vehículos por la zona urbana.
El conflicto suma además el respaldo de intendentes de la región, quienes vienen reclamando desde hace meses por la situación sin obtener respuestas.
La decisión judicial marca un punto de inflexión en la disputa y refuerza la postura de la provincia en torno a la defensa del ambiente y el cumplimiento de las normativas locales.