El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja expresó un enérgico repudio a la detención de la abogada y exintendenta Inés Brizuela y Doria, ocurrida durante un operativo policial en el Colegio de Farmacéuticos, y advirtió sobre el impacto institucional del episodio.
A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que la letrada fue trasladada por personal de la comisaría Primera “sin orden escrita de juez competente ni imputación fiscal por flagrancia”, lo que —según indicaron— implicó un menoscabo a su dignidad como persona y como abogada.
El pronunciamiento remarca que la actuación policial vulneraría garantías establecidas en la Constitución Provincial, que establece que nadie puede ser privado de su libertad sin orden judicial fundada, salvo en casos de flagrancia.
En ese marco, el Consejo subrayó que este tipo de situaciones afecta directamente el ejercicio profesional. En declaraciones a Radio Fénix, el presidente de la entidad, Francisco Brizuela Montenegro, calificó el hecho como “un peligroso antecedente” y advirtió: “Es un hecho grave que atenta contra el ejercicio profesional”.
“Independientemente del contexto, detener a una profesional en ejercicio constituye una gravedad no solo para el abogado, sino para todos los ciudadanos”, agregó, al tiempo que alertó sobre el riesgo que esto implica para la seguridad jurídica.
Además, señaló que, según el testimonio de la propia Brizuela y Doria, la detención se habría producido sin orden judicial ni situación de flagrancia, lo que “en principio tornaría la detención ilegal”.
Desde el Consejo aclararon que no intervienen en el fondo del conflicto que originó el episodio, pero sí tienen la obligación de defender a los matriculados y garantizar el libre ejercicio de la profesión, tal como lo establece la normativa vigente.
En esa línea, el comunicado reafirma el compromiso institucional con la defensa del ejercicio profesional y advierte que lo ocurrido “configura un peligroso antecedente que pone en riesgo la abogacía y la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
Finalmente, la entidad solicitó a las autoridades una investigación inmediata y transparente para esclarecer las circunstancias del hecho.