[REDACCIÓN EL FEDERAL] Una fuerte polémica sacude al sistema educativo de Guandacol luego de que distintos sectores de la comunidad educativa denunciaran presuntas presiones políticas del diputado provincial Oscar Chamía para que ingresen a la nueva tecnicatura en Seguridad e Higiene alumnos que no habrían aprobado el curso de nivelación o directamente no se presentaron a rendir.
La controversia se originó en torno a la reciente apertura de la carrera de Seguridad e Higiene en el Trabajo, una tecnicatura que despertó enorme expectativa en el departamento General Felipe Varela por la creciente demanda laboral vinculada a proyectos mineros en la región.
Según pudo reconstruir EL FEDERAL, cerca de 180 jóvenes se inscribieron con la expectativa de acceder a una oportunidad de formación vinculada al sector minero. Sin embargo, rápidamente comenzaron a aparecer problemas de infraestructura, transporte y capacidad operativa.
De acuerdo con distintas fuentes vinculadas al ámbito educativo local, el instituto habría establecido criterios de ingreso basados en asistencia y evaluaciones del curso de nivelación. Como resultado de ese proceso, alrededor de 100 estudiantes quedaron aprobados, mientras que unos 40 no se presentaron a rendir y otros 40 desaprobaron por no alcanzar el puntaje mínimo requerido, que era de 4.
El conflicto escaló cuando comenzaron los reclamos por parte de familias y sectores políticos vinculados a aspirantes que habían quedado afuera.
En las últimas horas comenzó a circular una carta abierta atribuida a integrantes de la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Guandacol, donde se denuncia un “atropello institucional” y presiones externas sobre las autoridades académicas. “Observamos con preocupación cómo personas que no cumplieron con las exigencias académicas establecidas habrían sido igualmente incorporadas, pasando por encima de las decisiones y autoridades institucionales”, señala el documento.
La carta también apunta directamente contra el diputado Oscar Chamía, a quien distintos miembros de la comunidad educativa señalan por haber impulsado gestiones ante el Ministerio de Educación para modificar el criterio de admisión. “Resulta especialmente preocupante la intervención del Sr. Diputado Oscar Eduardo Chamía, quien —según manifiestan distintos miembros de la comunidad educativa— habría impulsado decisiones ajenas al ámbito académico”, sostiene el texto.
La polémica tomó aún más fuerza luego de una publicación realizada por el propio legislador en redes sociales, donde confirmó un acuerdo con el Ministerio de Educación para garantizar que “ningún estudiante quede afuera”. “Quiero llevar tranquilidad a las familias y a nuestros jóvenes: ningún estudiante quedará afuera”, escribió Chamía tras una reunión con el ministro de Educación, Ariel Martínez.
El mensaje fue interpretado por distintos sectores como una confirmación de las versiones que indicaban que finalmente serían incorporados alumnos que inicialmente habían quedado excluidos por no cumplir las condiciones académicas del ingreso.
Mientras tanto, dentro de la comunidad educativa crece la preocupación por cómo se sostendrá la cursada en términos logísticos y pedagógicos. Fuentes consultadas indicaron que actualmente existen problemas de espacio físico, aulas superpobladas y dificultades para garantizar el transporte de estudiantes provenientes de distintas localidades como Villa Unión, Vinchina, Villa Castelli, Pagancillo y Los Palacios.
“Esto no es solamente una discusión política; también hay preocupación por la calidad educativa y por el mensaje que se transmite cuando se modifican criterios después de las evaluaciones”, indicó una fuente vinculada al instituto.
Hasta el momento, desde el Ministerio de Educación no hubo un pronunciamiento oficial sobre los cuestionamientos planteados por sectores de la comunidad educativa ni sobre cómo se implementará el ingreso total de estudiantes anunciado por el diputado Chamía.