El Centro Comercial e Industrial de La Rioja expresó su rechazo al aporte extraordinario aprobado recientemente por la Legislatura provincial, una medida que alcanzará a 29 empresas con una facturación superior a los 2.000 millones de pesos y que tendrá vigencia durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.
El presidente de la entidad, Juan Keulyan, cuestionó la iniciativa impulsada por el Bloque Justicialista y sostuvo que representa un nuevo golpe para el sector privado en un contexto económico complejo. “Estamos dando una imagen de inseguridad jurídica y este es un impuesto raro”, afirmó.
El dirigente empresarial señaló además que la provincia vuelve a modificar las condiciones para la actividad económica. “El comercio está fundido y no podemos cambiar las reglas de juego en la mitad del partido”, sostuvo.
Keulyan también cuestionó el destino de los recursos que se pretenden recaudar. Según manifestó, el financiamiento de programas sociales debería buscarse por otras vías. “El volumen de dinero que necesitan para sostener los programas sociales se puede conseguir de otra manera y no metiéndole la mano al bolsillo del empresario”, expresó.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Radio La Red, mientras el sector aguarda la publicación de la norma en el Boletín Oficial y su correspondiente reglamentación. En ese marco, desde la entidad mercantil advirtieron que no descartan recurrir a la Justicia una vez conocidos los detalles de aplicación.
“Puede ser que esto termine judicializándose. Todavía no conocemos la forma ni los plazos de implementación. Más allá de cuántas empresas alcance, lo preocupante es el impacto sobre la credibilidad de la provincia. Hubo un error porque este tema podría haberse conversado y no se hizo”, concluyó Keulyan.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Carlos Pérez defendió el tratamiento sobre tablas de la iniciativa argumentando una situación de emergencia. Según explicó, el Gobierno nacional redujo en un 75% los fondos destinados a comedores escolares y asistencia alimentaria, por lo que el aporte transitorio de las 29 empresas sería una herramienta necesaria para garantizar la continuidad de la ayuda alimentaria a unos 24.000 beneficiarios riojanos hasta la finalización del ciclo lectivo.