DATOS QUE TODAVÍA NO APARECEN PÚBLICAMENTE
Son precisamente los puntos más sensibles de la operación:
- Precio efectivamente pagado por los compradores.
- Identidad completa de los adquirentes finales.
- Forma de pago.
- Destino de los fondos obtenidos.
- Tasación o valuación utilizada para justificar la venta.
- Ganancia o pérdida para el Estado provincial respecto de la inversión realizada.
Hasta el momento, la documentación pública relevada confirma la existencia de la compraventa, pero no exhibe el monto de la operación.
El Gobierno de La Rioja avanzó en la transferencia total de Chamical Solar I S.A.U. y Chamical Solar II S.A.U., dos sociedades creadas para desarrollar parques fotovoltaicos bajo la órbita de Arauco Energía SAPEM. La operación quedó asentada en los estados financieros de ambas compañías y reabre el debate sobre el manejo de los activos energéticos construidos con participación estatal.
La documentación societaria revela que el 26 de enero de 2026 se firmaron acuerdos de compraventa para transferir la totalidad de las acciones de ambas firmas, con un plazo de cierre sujeto al cumplimiento de condiciones contractuales. La decisión había sido anticipada meses antes, cuando una Asamblea de Accionistas celebrada en diciembre de 2025 incluyó expresamente la autorización o ratificación de la venta de los paquetes accionarios de Chamical Solar I y Chamical Solar II.
Los datos contables muestran que no se trataba de sociedades sin actividad. Por el contrario, ambas habían recibido importantes aportes de capital durante 2025 para financiar obras e infraestructura vinculadas a sus proyectos de generación eléctrica.
En el caso de Chamical Solar I, el capital social pasó de $30 millones a aproximadamente $546,5 millones. Al cierre del ejercicio registraba activos totales por más de $670 millones y bienes de uso vinculados a la construcción del parque fotovoltaico. La empresa fue creada para desarrollar un proyecto de 8 MW y contaba con un contrato de abastecimiento eléctrico de largo plazo.
Chamical Solar II siguió un camino similar. Su capital social fue ampliado hasta alcanzar aproximadamente $633,9 millones y la sociedad acumuló activos asociados a la construcción de un parque solar de 10 MW en el departamento Chamical.
Ambos emprendimientos continuaron avanzando durante 2026. Chamical Solar I obtuvo autorización para conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante la Resolución 217/2026 del ENRE, mientras que Chamical Solar II recibió las autorizaciones correspondientes a través de la Resolución 144/2026, que habilitó el procedimiento para su vinculación al sistema eléctrico nacional.
La operación adquiere relevancia política porque los proyectos fueron impulsados desde el sector público y capitalizados mediante recursos administrados por empresas estatales. Sin embargo, la información conocida hasta el momento deja abiertas preguntas centrales.
Entre los interrogantes que todavía no tienen respuesta pública aparecen el precio efectivamente pagado por los compradores, la metodología de valuación utilizada para determinar el valor de las sociedades, la identidad completa de los adquirentes finales y el destino que tendrán los fondos obtenidos por la Provincia.
La discusión también se produce en un contexto de cambios regulatorios en el mercado eléctrico argentino. La flexibilización de los mecanismos de contratación entre privados modificó las condiciones del negocio energético y generó nuevas oportunidades para desarrolladores e inversores del sector.
Mientras tanto, la salida del Estado de ambos proyectos parece haber quedado consolidada. Publicaciones registrales recientes informaron la salida de funcionarios vinculados a Arauco Energía de los directorios de las sociedades y la asunción de nuevas autoridades privadas.
La venta de Chamical Solar I y Chamical Solar II abre así una discusión que excede el ámbito empresarial. La cuestión central pasa por determinar si la Provincia obtuvo una contraprestación acorde a la inversión realizada y si la operación representa un beneficio económico para los riojanos o la pérdida de activos estratégicos construidos con recursos públicos.