Por Angel Flores
Las denuncias en La Rioja datan desde el 2019, e incluso existe una denuncia en la justicia Federal de dos personas que declararon que la organización social les quitaban dinero todos los meses. Causa que nunca avanzó.
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En los últimos días se puso en la agenda nacional el tema, y en las últimas horas el fiscal Guillermo Marijuan habló respecto a las denuncias contra los piqueteros y puntualmente se refirió a la causa que está en sus manos sobre las casi 3 mil pensiones universales para el adulto mayor (PUAM).
“Todo lo que tiene que ver con detenciones es algo del proceso penal y tiene que ser valorado en la circunstancia en particular. Pero son delitos sumamente graves“, afirmó en diálogo con radio La Red.
Además, les respondió a las argumentaciones de los dirigentes de las agrupaciones denunciadas, como el Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, quienes hablaron de “persecución política”.
“Siempre vienen con esta argumentación, pero hay cientos de personas. Mi unidad tomó conocimiento a propósito de los llamados que no son inventos, hay gente que se la cita, pone el DNI y ratifican lo que dijeron”, señaló. Y agregó que “tendrán que enfrentar las consecuencias”, exclamó.
En La Rioja la historia se remonta a octubre del 2019, cuando varios mensajes a la redacción de EL FEDERAL, daban cuenta de esta maniobra ilegal por parte de las organizaciones sociales a beneficiarios de distintos planes, uno de ellos correspondiente al llamado Salario Social Complementario, que maneja la organización Corriente Clasista Combativa y que indicaban que a todos les sacan dinero en forma obligatoria, con la amenaza de que al que no cumple, le dan de baja.
El monto que percibían en aquel tiempo, era de $6.000. Y las denunciantes pidieron estricta reserva de sus identidades por miedo a represalias. De acuerdo a las denuncias, los montos que les piden van entre de 300 a 500 pesos por mes, e incluso les exigen dinero para pagar el pasaje y la estadía de Lorena Taquía, hoy desafectada al movimiento, de sus viajes a Buenos Aires.
Dentro de las denuncias se indica que los obligan a ir a marchas y protestas en contra del gobierno nacional (Mauricio Macri), en forma obligatoria, en las que toman lista. “Si faltan dos veces, les damos a baja”, les habrían dicho.
Otra de las modalidades denunciadas es la retención de la tarjeta social junto con el PIN de seguridad del Banco Nación para sacar el dinero de los planes sociales.
La denuncia también se realizó en la fiscalía Federal a cargo de Virginia Carmona, y del cual se tomó declaración a una de las denunciantes. La causa, luego de las declaraciones de las damnificadas, fue remitida en el 2020 al Juzgado Federal del doctor Daniel Piedrabuena, pidiendo las indagatorias y más medidas de prueba, esperando hasta la fecha que se expida una resolución del juez Federal para que la causa avance.
En el momento de que la nota saliera en EL FEDERAL, el 4 de octubre del 2019, comenzaron a llegar más mensajes de la misma maniobra ilegal, pero de otras organizaciones sociales.
Se denunció al Movimiento Evita, conducido por Carlos “Cacho” Luna, conocido político riojano con muchos años de militancia peronista y todavía en actividad.
Ante las varias denuncias recibidas a nuestra redacción, este periodista se comunicó con Luna, reconociendo la ilegal maniobra por parte de un integrante de la organización, y del cual se haría la correspondiente denuncia. “Cuando haga la denuncia, te la paso para que sepas el nombre de quien se trata”, dijo en una comunicación telefónica grabada, agregando que “esta persona ya fue desvinculada de la organización”.
Fuentes judiciales confirmaron que la denuncia jamás se realizó, y Luna tampoco aportó más datos del caso.
La forma de cobranza a los beneficiarios es similar a las anteriores. “Teníamos que pasar por la sede a dar la cuota”, dijeron a nuestra redacción. En ese tiempo (2019), el aporte era de $500.
Hoy, los titulares de cada organización se defienden argumentando que son “aportes solidarios o voluntarios no obligatorios”, tratando de cubrir muchos años de manipulación con la gente que menos gana y más vulnerable del país.
Según fuentes judiciales de EL FEDERAL, confirmaron que la investigación sigue avanzando y no descarta maniobras de fondos enviados a otras provincias, incluyendo La Rioja.