El calor sofocante de enero en La Rioja suele anticipar la temperatura política del año. Y el 2026 arrancó con un dato que no pasó inadvertido: la Iglesia decidió intervenir de lleno en la coyuntura, con un pragmatismo tan directo como incómodo. Desde el púlpito del Tinkunaco y la fiesta de San Nicolás, monseñor Dante Braida, máxima autoridad eclesiástica de la provincia, trazó un diagnóstico sin concesiones que interpela tanto al presidente Javier Milei como a la gestión provincial.
Ante la atenta presencia de la vicegobernadora Teresita Madera y del intendente capitalino Armando Molina, el obispo reconoció la asfixia financiera que atraviesa La Rioja, pero dejó en claro que la crisis no habilita cualquier forma de gestión. El mensaje fue doble: defensa del federalismo, sí; desorden, opacidad y privilegios, no.
Fondos sí, ajuste no: el mensaje directo a Milei
La homilía funcionó como plataforma para que Braida se metiera de lleno en la disputa por la “motosierra” fiscal. Con una claridad poco habitual en el lenguaje eclesial, el prelado expuso la tensión con la Casa Rosada:
“Somos conscientes de la frágil relación de nuestra provincia con el gobierno nacional, marcada por diferencias que afectan la vida y el desarrollo de nuestro pueblo”.
Pero el punto más sensible llegó al abordar la coparticipación y los recursos extraordinarios. En un desafío frontal a la lógica de austeridad que impulsa Javier Milei, Braida afirmó que es “justa la restitución de los fondos compensatorios, recibidos históricamente con amplio consenso político”.
La frase opera como un respaldo institucional de peso al reclamo provincial frente al libertario. La Iglesia riojana entiende que el ajuste no es una abstracción ideológica: impacta de lleno en el entramado social que hoy sostienen parroquias, comedores y organizaciones comunitarias. Sin embargo, el apoyo no fue un cheque en blanco.
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Advertencia al poder local: transparencia o nada
Casi de inmediato, Braida condicionó el reclamo al modo en que se administran los recursos. No alcanza con que Nación envíe fondos; importa —y mucho— cómo se usan en La Rioja. Por eso exigió “gestiones transparentes, que permitan procesos de crecimiento, beneficiando especialmente a los sectores más postergados”.
El mensaje fue inequívoco: la Iglesia acompaña la defensa del federalismo, pero no será cómplice de un esquema donde el dinero se diluya en la burocracia política, los privilegios o la ineficiencia estatal mientras crece la pobreza.
En el inicio de un año simbólico —cuando se cumplen 50 años del asesinato de Enrique Angelelli y los mártires riojanos—, Braida utilizó la memoria como herramienta política. Sin nombrarlos, apuntó contra los estilos confrontativos que atraviesan tanto al mileísmo como a sectores de la dirigencia local.
“Sin una democracia participativa se pierde el ejercicio de la memoria, se hace imposible la búsqueda de la verdad, no será posible la justicia”, sentenció. Al reivindicar la figura de Angelelli y su apuesta por la participación social, la Iglesia buscó blindar a las instituciones intermedias frente a cualquier intento de concentración de poder o gobierno por decreto.
Si en lo económico el discurso incomodó a Milei, en el plano cultural y moral Braida se alineó con la ortodoxia más dura. Al vincular la crisis económica con la caída de la natalidad, el obispo abrió un frente incómodo para el progresismo.
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Advirtió sobre el “invierno demográfico” que atraviesa la provincia, visible en la baja de matrículas escolares, y cargó sin eufemismos contra la interrupción voluntaria del embarazo. Citando a Angelelli, calificó al aborto como “un verdadero crimen” con consecuencias “personales y sociales funestas”.
La Iglesia vuelve así a instalar un debate que la política prefiere esquivar: la viabilidad futura de la provincia también está atada a su demografía, y no sólo a los índices de inflación o déficit fiscal.
Minería, agua y licencia social
El cierre del mensaje apuntó a otro de los grandes conflictos estructurales de La Rioja: la matriz productiva. En un contexto donde Milei promueve inversiones extractivas y la provincia necesita divisas, Braida recordó un límite innegociable: el agua.
“La emergencia hídrica es una realidad”, advirtió, y condicionó el avance de grandes proyectos mineros a la obtención de licencia social. Invocando la encíclica Laudato Si, exigió “participación ciudadana libre y responsable, con información completa y transparente, especialmente sobre el impacto en el agua”.
Fue una señal directa a inversores y funcionarios: ni el RIGI ni las leyes nacionales garantizan viabilidad automática. En La Rioja, sin consenso social y ambiental, no hay proyecto posible.
Conclusión
El Tinkunaco 2026 dejó una certeza política: en una provincia golpeada por la crisis y dependiente de los fondos nacionales, la Iglesia se posiciona como árbitro moral del conflicto. Braida pidió un “genuino acercamiento” entre La Rioja y la gestión de Milei, basado en un “diálogo sincero”.
La incógnita es si el Presidente, poco proclive a ceder ante presiones institucionales, escuchará el reclamo que llegó desde el atrio de la Catedral riojana o si la tensión federal sumará un nuevo capítulo en un año que recién comienza, pero ya promete ser áspero.