Por Angel Flores
La condena contra el exjuez federal Walter Bento a 18 años de prisión efectiva y una multa superior a los 540 millones de pesos no solo sacudió a Mendoza: expuso una verdad incómoda que atraviesa a la Argentina entera. La corrupción judicial existe. Y cuando se investiga en serio, se condena.
Pero esa misma sentencia también dejó otra pregunta flotando, inevitable: ¿por qué en algunas provincias la Justicia se limpia sola y en otras se tapa?
Porque mientras en Mendoza un exjuez terminó sentado en el banquillo como jefe de una asociación ilícita, en La Rioja el caso del fiscal Martín Román Apóstolo se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo un escándalo judicial puede terminar reducido a una sanción menor, con una investigación que —para muchos— nunca estuvo a la altura de lo que el caso ameritaba.
EL FEDERAL fue el único medio que realizó investigaciones sobre el caso Apóstolo, a tal punto que pudo comprobar el apuro por cerrar una condena, muchos abogados involucrados, y la pasividad de la fiscal Virginia Carmona y el juez Daniel Piedrabuena.
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Bento cayó con una sentencia dura, que no deja margen para relativismos: la Justicia federal investigó, el juicio avanzó, el tribunal deliberó, y la condena fue contundente. 18 años de prisión y el pago de $540 millones de pesos.
Martín Román Apóstolo, ex auxiliar fiscal de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja, aceptó un juicio abreviado que le implicó una condena de 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de concusión agravada, tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se firmó un acuerdo de inhabilitación perpetua para desempeñarse en cargos públicos. Está en su casa.
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En La Rioja, el caso Apóstolo dejó la sensación opuesta: la de un sistema que no investigó con profundidad, que no avanzó sobre los vínculos reales y que terminó cerrando el expediente con una pena que muchos consideran irrisoria, y lo fué.
No se trata solo de años de prisión o números. Se trata de algo más grave: la percepción social de impunidad.
Porque cuando la sanción no guarda relación con la gravedad de lo denunciado, el mensaje que recibe la ciudadanía es brutal:
“Si sos parte del sistema, no te pasa nada.”
Uno de los puntos más polémicos del caso Apóstolo es que la condena —lejos de significar un castigo ejemplar— terminó convirtiéndose en un beneficio práctico.
Mientras miles de riojanos enfrentan el peso de la ley por delitos menores, el fiscal condenado terminó con una situación que, en los hechos, se pareció más a una salida negociada que a una sanción ejemplificadora.
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La pregunta es inevitable: ¿qué clase de mensaje da una Justicia que castiga con dureza al ciudadano común y con suavidad al funcionario judicial?
El dato que nadie explica: ¿dónde están los abogados que trabajaban con el condenado?
Otro de los puntos más inquietantes del caso es el silencio alrededor de quienes —según distintas versiones y elementos que circularon— habrían trabajado en la órbita del fiscal condenado.
Porque si un fiscal cae, cae solo.
Pero si hay una red, un sistema de favores, contactos y operadores, el fiscal es apenas la cara visible.
Y ahí aparece una de las grandes fallas: no se avanzó con fuerza sobre el entorno profesional, ni sobre los posibles engranajes del esquema.
No hubo un despliegue serio sobre abogados, intermediarios, conexiones, y posibles actores que —en cualquier investigación profunda— deberían haber sido examinados con lupa.
Si el caso Bento fue el ejemplo de un juicio que llegó hasta el fondo, el caso Apóstolo dejó la sensación inversa: un expediente que se quedó a mitad de camino.
Y cuando un expediente se queda a mitad de camino, no es solo un problema técnico. Es un problema institucional.
Porque en La Rioja, el ciudadano común no analiza tecnicismos. Analiza resultados.
Y el resultado fue este: una causa grave, un fiscal condenado, una pena baja, y un sistema judicial que jamás explicó de manera convincente qué pasó realmente.
En el plano político y judicial, desde hace tiempo circulan versiones sobre posibles conexiones o influencias alrededor del caso, incluyendo menciones a la fiscal Carmona y al juez federal Daniel Piedrabuena.
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No se trata de acusar sin pruebas. Se trata de algo más serio: plantear la pregunta que la Justicia riojana no respondió con claridad.
¿Hubo protección?
¿Hubo acuerdos?
¿Hubo una decisión de no ir más allá?
¿Hubo una voluntad explícita de “cerrar rápido” el caso para evitar que salpique a otros?
Cuando un caso de este calibre termina con sanciones leves y sin investigación profunda del entorno, las sospechas no se inventan: se generan solas.
La condena a Bento en Mendoza demostró que es posible. Que se puede investigar a un juez. Que se puede condenar a un juez. Que se puede llegar hasta el final.
Entonces, ¿por qué en La Rioja no?
¿Por qué el caso Apóstolo terminó siendo, para muchos, un expediente que no avanzó sobre lo esencial?
¿Por qué la condena fue baja?
¿Por qué el cumplimiento fue cómodo?
¿Por qué no se investigó con contundencia el entramado profesional que rodeaba al fiscal?
¿Por qué no hubo un golpe real al sistema?
Al final, lo peor no es el caso Bento ni el caso Apóstolo.
Lo peor es lo que queda.
En Mendoza, la condena de Bento deja un mensaje de que el sistema puede depurarse.
En La Rioja, el caso Apóstolo deja la sensación de que el sistema se protege.
Y esa diferencia no es menor: es la distancia entre una provincia donde la Justicia se anima a castigar a los poderosos y otra donde el poder judicial parece blindarse.
Si el caso Bento marca un antes y un después, el caso Apóstolo marca otra cosa: la persistencia de una Justicia que no se atreve a mirarse al espejo.
Y cuando la Justicia no se investiga a sí misma, el ciudadano deja de creer.
Y cuando el ciudadano deja de creer, lo que se rompe no es un expediente: se rompe el Estado de Derecho.