[REDACCIÓN EL FEDERAL] Un hombre acusado de instalar cámaras ocultas en departamentos alquilados por estudiantes fue excarcelado por decisión de la Cámara Penal, aunque seguirá imputado y bajo investigación judicial.
La resolución revocó el rechazo previo a la excarcelación dictado en primera instancia y permitió que el acusado transite el proceso en libertad, con medidas de restricción para proteger a las víctimas.
El tribunal de alzada entendió que, en esta etapa del expediente, el imputado puede permanecer en libertad mientras se define su situación procesal. La causa todavía no llegó al auto de procesamiento y se encuentra en fase de investigación.
La fiscalía había solicitado que continúe detenido por considerar que existía riesgo para las denunciantes, especialmente desde una perspectiva de género. Tras la excarcelación, la jueza dispuso medidas cautelares para resguardar a las víctimas.
Actualmente, el hombre continúa imputado por violación de domicilio en tres hechos, en relación con la colocación de cámaras en distintos departamentos de un complejo estudiantil. La acumulación de esos hechos fue uno de los factores que evaluó la Cámara para conceder la excarcelación.
La fiscalía aclaró que la liberación no implica el cierre de la causa: el proceso sigue su curso y la imputación podría agravarse si las pericias confirman la difusión de imágenes o la participación de terceros.
Qué se investiga
La investigación se inició tras la denuncia de una estudiante que detectó una cámara oculta en el ventiluz de su habitación. A partir de ese hallazgo, otras inquilinas revisaron sus departamentos y encontraron más dispositivos de grabación, con miles de archivos almacenados, algunos de carácter íntimo.
Los equipos y tarjetas de memoria quedaron secuestrados para pericias. Los investigadores analizan si los dispositivos grababan de forma local, si existía transmisión remota por Wi-Fi y si el material fue reproducido o difundido.
El expediente se analiza bajo el marco de la Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital y la difusión no consentida de material íntimo como formas de violencia de género.
La calificación final del delito dependerá de los resultados de las pericias informáticas. Si se comprueba circulación de los videos o intercambio con terceros, la situación procesal del imputado podría complicarse seriamente.
Desde el Ministerio Público Fiscal cuestionaron la excarcelación y remarcaron que las víctimas expresaron temor ante la liberación del acusado. También señalaron que el análisis de los dispositivos es lento y complejo por la enorme cantidad de archivos que deben revisarse uno por uno.