El caso del adolescente de 13 años acusado de atropellar a una niña de 6 en el barrio Las Talas continúa generando repercusiones y abrió un fuerte debate en el ámbito judicial de La Rioja.

En las últimas horas, el juez del Tribunal Oral Federal, Jorge Gamal Chamía, expresó su preocupación por la medida dispuesta por la jueza de Instrucción N°1, Cecilia Córdoba, quien ordenó la detención del menor y su posterior prisión domiciliaria.

No corresponde una medida de ese tipo”, sostuvo Chamía en declaraciones a Fénix, al referirse a la situación del adolescente.

El magistrado explicó que, según el régimen legal vigente en Argentina, los menores de 16 años no son imputables, por lo que remarcó que este tipo de decisiones deben analizarse “con extremo cuidado” y dentro de los límites que establece la ley.

En ese sentido, subrayó que el sistema penal juvenil tiene características particulares y no puede equipararse al régimen penal de adultos. “Hay que respetar los derechos de los menores”, insistió.

Chamía también planteó que, en estos casos, el abordaje debería centrarse en medidas de protección, contención y acompañamiento, más que en sanciones punitivas, teniendo en cuenta la edad del involucrado.

Además, advirtió que decisiones como esta pueden generar controversia y reavivar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en el país.

El episodio ocurrió en el barrio Las Talas, en la zona sur de la ciudad de La Rioja, cuando una niña de 6 años fue embestida por una motocicleta mientras jugaba en la vereda de su vivienda.

Según confirmó la jueza Cecilia Córdoba, el conductor era un adolescente de 13 años que, tras el impacto, se dio a la fuga.

“Un menor de 13 años que venía manejando una moto colisiona con la menor”, explicó la magistrada, quien indicó que se ordenó su localización y posterior detención en su domicilio.

La niña fue trasladada al Hospital de la Madre y el Niño, donde recibió atención médica por golpes y escoriaciones, y luego fue dada de alta, aunque deberá continuar con controles.

Córdoba detalló que el menor está acusado por lesiones, daños e infracción al artículo 193 bis del Código Penal, vinculado a conductas peligrosas en la conducción.

Además de la detención domiciliaria, la Justicia dispuso el secuestro de la motocicleta utilizada y del vehículo perteneciente a sus padres por el término de un mes.

La medida, enmarcada en la Ley de Minoridad Nº 22.278, fue calificada como poco habitual y es el eje central de la polémica que ahora suma cuestionamientos desde el ámbito federal.

El caso, mientras tanto, sigue bajo investigación y continúa generando debate sobre los límites legales y el abordaje judicial en situaciones que involucran a menores de edad.