En medio del debate por la crisis económica que atraviesa la provincia, el gobernador Ricardo Clemente Quintela volvió a poner el foco en la necesidad de investigar a prestamistas informales acusados de prácticas usureras. Sin embargo, una nueva denuncia pública trasladó la discusión hacia el sistema financiero formal.
El titular de Arco de Acción Ciudadana, Emanuel Jordan Akiki, advirtió que el Banco Rioja estaría aplicando descuentos que afectan la totalidad del sueldo de empleados públicos que accedieron a créditos a través de la entidad.
A través de un posteo en redes sociales, Akiki interpeló directamente al mandatario provincial:
“Estimado Gob. Ricardo Clemente Quintela, ¿usted sabía que el Banco Rioja le debita la ‘totalidad’ del sueldo de sus dependientes? No les deja ni para comer. Hay que comenzar por ahí y terminar con la usura ‘disfrazada’. Aplicar la ley que pone tope a los descuentos del empleado público”.
La denuncia encendió la polémica, ya que plantea una posible contradicción entre el discurso oficial contra la usura y prácticas que, según el referente, se estarían produciendo dentro de una entidad bancaria vinculada al Estado provincial.
En un escenario de fuerte deterioro del poder adquisitivo, el acceso al crédito —formal e informal— se convirtió en una herramienta frecuente para muchos trabajadores. Sin embargo, las condiciones de devolución y los mecanismos de cobro están bajo creciente cuestionamiento.
Por un lado, el Gobierno provincial apunta contra prestamistas particulares que aplicarían intereses desmedidos y métodos de presión para el cobro. Por otro, desde organizaciones de defensa del consumidor advierten que algunas prácticas del sistema bancario podrían vulnerar derechos básicos, especialmente cuando los descuentos superan los límites legales establecidos.
Reclamo por cumplimiento de la ley
Akiki insistió en la necesidad de aplicar la normativa vigente que fija topes a los descuentos sobre los haberes de empleados públicos, con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo que permita cubrir necesidades básicas.
El planteo abre un nuevo frente de tensión y deja instalada una pregunta central: si la lucha contra la usura debe comenzar también por revisar las condiciones de financiamiento dentro del propio sistema formal.
Por el momento, no hubo una respuesta oficial del Gobierno provincial ni del Banco Rioja ante estas acusaciones, aunque el tema ya comenzó a generar repercusiones en distintos sectores de la sociedad riojana.